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La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, propuso al Congreso local una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina con la finalidad de fortalecer a la institución, robustecer sus capacidades, optimizar su estructura institucional y garantizar una gestión eficiente de los recursos.
La propuesta, de 143 páginas, establece, entre otras cosas, el Modelo de Gestión y Procesamiento de Casos para definir las respuestas institucionales y las salidas procesales para cada tipo de caso, así como las Unidades Operativas encargadas de las mismas, con base en las prioridades definidas en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal.
Asimismo, se incorporan las Unidades de Imputado Desconocido; de Investigación y Litigio; de Determinación, y de Salidas Anticipadas, además de que se definen sus diversas áreas de especialización.
Se especifica la atribución del Ministerio Público respecto a las personas menores de 18 años a quienes se les atribuya la comisión o participación en un delito para actuar en el marco del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; así como su obligación de dictar o solicitar inmediatamente las medidas u órdenes de protección necesarias, las periciales, documentos y testimonios que permitan acreditar el daño y su cuantificación; así como aplicar los protocolos para la atención de grupos sociales vulnerables.
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Esta reforma también precisa las atribuciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y de la Coordinación General de Atención a Víctimas para brindar apoyo a las víctimas del delito, procurando en todo momento su protección.
Se crea la Coordinación General de Control Ministerial con atribuciones para conocer y resolver sobre la aprobación de las propuestas de no ejercicio de la acción penal y archivo temporal, así como para intervenir en las audiencias ante el órgano jurisdiccional con motivo de las impugnaciones que se interpongan contra éstas.
Esta iniciativa también actualiza la competencia de las coordinaciones Generales Investigación Estratégica, y de Investigación de Delitos de Alto Impacto. Se renuevan las atribuciones de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento en materia de cooperación internacional, extradición y asistencia jurídica Internacional, así como para la colaboración con otras Fiscalías.
Se transforma la naturaleza del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores, de Órgano Desconcentrado a Unidad Administrativa y precisan sus atribuciones para desarrollar actividades de formación y capacitación permanente dirigidas al personal de la Fiscalía General; así como para definir el perfil de conocimientos y competencias para el ingreso y permanencia del personal sustantivo como parte del Servicio Profesional de Carrera.
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