de la Ciudad de México coincidieron en que se requiere una reforma a la Ley de Participación Ciudadana para garantizar que las alcaldías rindan cuentas y transparenten los recursos del presupuesto participativo.

La consejera presidenta del instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, recordó que muchas veces las y los vecinos no participan en la consulta porque no ven materializados sus proyectos.

“Se hace todo un trabajo con la ciudadanía para que hagan las asambleas de diagnóstico, para que propongan proyectos, para que acudan a votar y por diversas circunstancias no existe la manera de exigir más allá de los elementos que se tienen de transparencia para pedirle a las autoridades responsables de ejecutar la obra que puedan rendir cuenta respecto a qué pasa con ese recurso, cuáles son las razones por las que se retrasa la obra, por qué no lo ejecutan o por qué se busca ejecutar otro proyecto. Definitivamente me parece que la Ley tendría que prever este tema de rendición de cuentas”, aseveró.

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En este sentido, dijo que las y los diputados locales, en especial Fernando Zárate, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ya traen en el radar estas modificaciones a los mecanismos de participación ciudadana “para permitir que la ciudadanía haga más exigible sus derechos”.

El consejero Ernesto Ramos señaló que hay muchas quejas de vecinas y vecinos por la ejecución de los proyectos ganadores, por lo que esta parte del presupuesto participativo se debe modificar y transparentar para promover una mayor participación ciudadana.

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“Esta ejecución de los proyectos, por parte de las alcaldías, carece de rendición de cuentas y de transparencia de manera generalizada. Hay algunas excepciones, por supuesto, pero si hay alguna queja y decepción de parte de la ciudadanía, es la ejecución de los proyectos. Creo que se necesita reformar la Ley de Participación Ciudadana para que las alcaldías estén obligadas a rendir cuentas y sean transparentes con el uso de los recursos”, expuso.

Indicó que el IECM podría formar parte de este proceso y ser una especie de intermediario entre la ciudadanía y las alcaldías para transparentar el ejercicio de los recursos.

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