La diputada local del PAN Daniela Álvarez propuso que las mujeres de la Ciudad de México puedan portar y usar armas electrónicas y gas pimienta para su defensa personal.
La legisladora presentó una iniciativa para modificar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para permitir el uso de estos objetos debido a los altos índices de violencia que hay contra las mujeres.
Su propuesta busca que las mujeres puedan utilizar, cuando se sientan en peligro, objetos como los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que no sean de capacidad superior a los 150 gramos y que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento.
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“De igual forma, no se consideran objetos o instrumentos prohibidos, las armas electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso se produzca en legítima defensa de bienes, patrimonio o integridad física y que, su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida”, señala su propuesta.
Esta iniciativa refiere que en los últimos 12 meses en la Ciudad de México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito comunitario, 68% señaló que la principal persona agresora fue un desconocido.
“¿Cuántas mujeres hubieran querido tener un instrumento con el cual defenderse? Generar mecanismos legales para fortalecer las acciones de gobierno cuyo objetivo sea proteger a la mujer, es una obligación que debe cumplirse. Por ejemplo, en España, la posesión y el uso de esprays de pimienta están regulados por la Ley de Seguridad Ciudadana”, argumenta la propuesta turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
Asimismo, se recuerda que el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad reformar al Código Penal para legalizar el uso del gas pimienta y de inmovilizadores electrónicos como instrumentos de autodefensa.
Esta propuesta da un plazo de 90 días naturales para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana establezca lineamientos sobre la venta y regulación de gas pimienta y armas electrónicas.
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