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Nicolás Romero, Méx.— A seis habitantes y sus respectivas familias del pueblo de Santa María Cahuacán les fueron activadas medidas de seguridad del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Lo anterior lo solicitaron al ser golpeados por un grupo de hombres armados, toda vez que se oponen a que la autopista Atizapán-Atlacomulco pase por los bienes comunales, informó Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos.
El territorio comunal aún no ha sido tocado por la construcción “pero es inminente”, señaló el acompañante jurídico del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicando que se estarían afectando alrededor de 50 hectáreas de una zona que forma parte del Parque Nacional Otomí-Mexica, lo que traería consecuencias negativas para el bosque y para la captación de agua.
La preocupación es por cómo se está realizando la construcción sin consultar a la comunidad, puntualizó Lara Duque, pues los comuneros han buscado sostener mesas de diálogo con la empresa desarrolladora del proyecto. Sin embargo, afirmó que hace una semana un grupo de hombres llegó a golpear a la población que busca defender las tierras.
Los sujetos llegaron con armas largas, indicó, para abiertamente decir que iban con la intención de quitar a toda aquella persona que se opusiera a la obra; hubo cinco lesionados que fueron golpeados con la cacha de las armas.
“El mensaje fue bastante claro, están dispuestos a utilizar la violencia para intimidar a todos aquellos que se han venido oponiendo a la construcción. Después de estos sucesos, además de hacerlo público, los vecinos invocaron la vigilancia del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México”, dijo el abogado.
Entre las medidas urgentes de protección que les fueron activadas a seis de los comuneros y también a sus familias, destaca la notificación a las autoridades locales y estatales, así como cuidados policiales en cuanto a patrullajes y presencia continua desde esta semana.
Los comuneros de Santa María Cahuacán presentarán denuncias ante el Ministerio Público por los delitos de lesiones, ya que además de los cachazos, también les dieron patadas y puñetazos; por el uso de armas exclusivas del Ejército tienen planeado denunciar de igual forma.
El conflicto social podría incrementarse en la zona otomí una vez que la maquinaria entre. Desde finales de 2024, explicó Lara, los habitantes buscaron tener una solución pacífica, la cual no ocurrió. “Estamos a buen tiempo de evitar un conflicto. En este país el abuso, despojo y represión contra los pueblos indígenas ya debió haber quedado atrás”.
