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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que han presentado 29 denuncias a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de quebrantamiento de sellos.
En conferencia de prensa, detalló que de estas denuncias han procedido dos carpetas de investigación y se aseguraron dos inmuebles ubicados sobre Monte Líbano y Lafontaine.
“Violar los sellos de clausura es un delito tipificado en la legislación de la Ciudad y tiene contemplado una pena de dos a siete años de prisión. La sanción debe ser contra aquel que instruyó que se continuara la obra, es decir, el propietario o el representante legal, no necesariamente contra los trabajadores, la sanción debe ser contra el propietario y el representante legal, quienes deben enfrentar a la justicia”, expuso.
Por lo anterior, el alcalde pidió a la fiscalía capitalina dar seguimiento a las carpetas de investigación y no permitir la impunidad a desarrolladores inmobiliarios abusivos.
“Para acabar con la impunidad por desarrolladores abusivos, requerimos que la fiscalía dé seguimiento a las carpetas que estamos presentando. Actualmente hay buena coordinación con la fiscal para dar seguimiento a todas estas carpetas que se están abriendo por las denuncias que hemos presentado por los violadores de los sellos de clausura”, señaló.
Mauricio Tabe comentó que principalmente los quebrantamientos de sellos han ocurrido en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco.
Precisó que durante sus dos administraciones han hecho más de 800 inspecciones a obras y han clausurado alrededor de 200. Estas acciones, dijo, se han emprendido a solicitud de los propios vecinos.
Al respecto, César Garrido, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, dijo que en cuanto se identifica el quebrantamiento de sellos se realiza la verificación y presentación de la denuncia respectiva ante la fiscalía para posteriormente colocar los tapiales que impidan el reingreso de trabajadores a la obra.
“La colocación de los tapiales sirve para garantizar el estado de suspensión o de clausura, impedir que ingrese material a la obra y que reingrese personal a laborar. No aseguramos propiamente el inmueble, eso no es facultad de la alcaldía y por eso se requiere la intervención de la fiscalía”, argumentó.
Tabe comentó que para disminuir el número de casos de desarrolladores que no respetan la ley debe darse paso a medidas contundentes y aplicar las sanciones que corresponden, es decir, de dos a siete años de prisión.
