, pero también personas entre los 45 y 50 años de edad, que están en medio del proceso jurídico de algún inmueble, son quienes más se acercan a las autoridades para solicitar atención ante el , dio a conocer César Cravioto, secretario de Gobierno.

“Hay una cantidad de adultos mayores que se acercan y personas, digamos, de edad media, sobre todo, 45, 50 años, personas que están en medio de un proceso jurídico del inmueble, también digamos de una edad media, son los que más se acercan”, dijo.

En entrevista con , el secretario destacó que entre la mesa de atención que se instaló en el Zócalo ciudadano, la nueva línea telefónica, redes sociales y otros medios, las autoridades de la Ciudad de México ya casi suman unos 700 casos atendidos por este delito, por el que recientemente la administración de Clara Brugada anunció una iniciativa para aumentar las penas a quienes lo cometan.

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En la mesa que se instaló hace unas semanas como parte del Zócalo Ciudadano que se hace todos los martes, es frecuente ver a adultos mayores a la espera de que se les resuelvan sus casos relacionados con este delito, pero también a gente de edad media que ha sufrido de la misma situación.

Cravioto Romero señaló que hay distintas formas en que se llevan a cabo los : uno de ellos es cuando se usa la fuerza para sacar a alguien de sus domicilio —con amenazas o cuando llega un grupo de personas y hace uso de la fuerza para sacarlos—, otro, es simulando juicios por medio de documentos apócrifos.

“Simulan juicios y generan procesos que dicen, bueno, hay un juicio, hay una resolución, y simulan que también hay una orden de desalojo”, indicó.

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En tercer lugar, se trata de casos que tiene que ver con inmuebles intestados, que están desocupados y las personas que incurriendo en este delito se meten y lo van ocupando.

“De los tres tipos se han acercado (afectados) del primero y del segundo, se han acercado hasta el momento que está sucediendo el hecho y hemos intervenido, y otros casos que ya son despojos que se llevaron a cabo que estamos haciendo acciones legales y acciones del ejercicio del gobierno para restituir el bien a las personas”, indicó.

En el caso del tercer tipo de despojo que señaló —cuando se va tomando el predio poco a poco—, explicó que “no podemos intervenir” porque la gente se da cuenta mucho tiempo después “cuando el predio ya está en manos de otras personas”.

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Ante este delito, el Gobierno de la Ciudad de México contempla enviar al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal y aumentar con hasta 22 años las penas a quienes incurran en este delito, además, se instaló un Gabinete contra Despojos.

Como parte de estas acciones, en esta semana las autoridades dieron a conocer avances de un caso en el que se logró el aseguramiento de un inmueble en la alcaldía Miguel Hidalgo para restituirlo a su dueño.

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