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Toluca, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga transacciones electrónicas realizadas en distintas barberías de las 312 clausuradas como parte de la Operación Atarraya.
Según fuentes de la dependencia estatal, ello podría ser la evidencia de movimientos bancarios por la venta de estupefacientes y no por cortes de cabello o trabajos estéticos.
Luego del cierre de los establecimientos distribuidos en 20 municipios mexiquenses, personal cercano a la investigación detalló que iniciaron tres carpetas de investigación por oficio para verificar la actuación de los policías ministeriales que participaron en el despliegue que se llevó a cabo el fin de semana.
Ello, tras los señalamientos por parte de los propietarios de algunos establecimientos sobre la presunta manipulación de las pruebas que vinculan a los negocios con la presunta venta de estupefacientes.
Hasta el momento sólo hay una denuncia formal establecida ante la autoridad correspondiente por irregularidades en el proceso de revisión y cierre de una de las unidades comerciales.
Según la FGJEM, los comercios investigados eran usados como puntos de reunión de células o grupos criminales para la comercialización y consumo de estupefacientes.
Incluso se identificó que entre estos comercios algunos funcionaban como fachada de cadena comercial, pero en realidad operaban directamente para grupos delictivos.
Es el caso de las barberías Hooligans, que presuntamente están relacionadas con las actividades del grupo delictivo Nuevo Imperio.
También fueron identificados “comercios” que no tenían clientes, pero sí registraban una presencia constante de individuos que arribaban en motocicletas o motonetas para entregar pequeñas bolsas de plástico que se presume contenían narcóticos.
