Interrupción del embarazo, “tema de salud pública”

Ante la exigencia de colectivas feministas para sacar el aborto del Código Penal de la Ciudad de México, es importante mantener el concepto de que la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación se trata de un procedimiento médico y un tema “de salud pública, derechos humanos y de justicia social”, afirmó la secretaria de Salud, Nadine Gasman.

Tras recordar que la despenalización total del aborto es un debate “liderado” en el Congreso local, la titular de la dependencia señaló que al ser un tema de salud pública, la valoración de este procedimiento tiene que ver con la circunstancia clínica y sicológica en que se encuentre la persona.

“Nosotros tenemos que priorizar la seguridad, la confidencialidad, la calidad de la atención y el trato digno, que esté libre de estigmas y discriminación”, indicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Gasman Zylbermann explicó que desde 2007, cuando la capital del país se convirtió en la primera entidad del país en despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12, se han realizado alrededor de 300 mil intervenciones de este tipo, la mayoría —69%— en jóvenes entre 18 y 29 años.

El 85% de los procedimientos se hace con medicamentos, mientras que el restante es con operación manual, los dos métodos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como los más seguros.

“Lo que vemos en la Ciudad de México, que es muy positivo, es que la gran mayoría de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo hacen antes de las 10 semanas. Quiere decir que se ven embarazadas, deciden y dado que hay acceso a los servicios, lo hacen de una manera oportuna”, indicó.

¿Y la objeción de conciencia?

Interrogada acerca de la objeción de conciencia —por la que personal médico puede negarse a realizar este procedimiento— la titular de Salud advirtió que si bien este es un derecho que tienen los prestadores y las prestadoras de salud, se trata de un tema personal y no institucional, por lo que desde los servicios de salud existe una responsabilidad de contar con personal no objetor de conciencia.

“¿Qué quiero decir con esto? Así como en los servicios de salud tenemos que garantizar la objeción de conciencia, tenemos también que garantizar que tengamos no objetores y no objetoras de conciencia; esa es la responsabilidad: la institución tiene que dar el servicio”, señaló.

Explicó que aunque las personas sean objetoras de conciencia tienen ciertas obligaciones para el cumplimiento de este servicio; si bien, no están obligados a realizar el procedimiento, sí tienen que activar un sistema de referencia a una unidad o algún colega que sí tenga la capacidad de resolver esta necesidad.

“No hay objeción de conciencia en caso de emergencias. No se puede decir en el momento ‘yo soy objetora de conciencia’. No, si soy objetora, tengo que avisar y decirle a las personas que me están contratando que también contraten a personas que no sean objetoras”, dijo.

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