Indagan a líder del PES estatal por delito electoral

Autoridades ministeriales del Estado de México mantienen abierta un investigación contra Isidro Pastor, líder del Partido Encuentro Social (PES) en la entidad, por el uso de documentación falsa —perteneciente a personas muertas— ante una autoridad, por lo que podría ser acreedor a una pena de hasta siete años de prisión.

Por este tema, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tiene lista para ejecutar una orden de comparecencia “a través de la fuerza pública” contra Pastor Medrano, a fin de desahogar la audiencia inicial del caso ante un juez de Control de la entidad mexiquense.

De acuerdo con información de la FGJEM, a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso el 29 de marzo de 2017, Pastor Medrano se presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, en la ciudad de Toluca, para presentar su solicitud de registro a candidato independiente a gobernador del Estado de México, acompañada de 129 cajas con 413 mil 662 registros de apoyo ciudadano.

De esos registros, mil 629 corresponden a igual número de personas que fallecieron antes de la fecha en que supuestamente Pastor Medrano recabó sus firmas (entre 16 de enero y el 16 de marzo de 2017) para presentarlas ante la autoridad electoral con miras a obtener el registro como candidato al gobierno mexiquense.

Según la información oficial, el 10 de abril de 2017, Pastor Medrano acudió al Tribunal Electoral del Estado de México para apelar el tema de su registro a gobernador y presentó las 129 cajas con 413 mil 662 registros de apoyo ciudadano, incluidos los mil 629 registros que corresponden personas fallecidas.

De acuerdo el artículo 173 del Código Penal para el Estado de México, el delito de Uso de Documento Falso o Alterado, contempla una pena de tres a siete años de prisión.

De acuerdo con funcionarios allegados al caso, atendiendo a las reglas de prescripción contendidas en el Código Penal este delito “prescribe en un lapso igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda. Por lo que la suma de la pena mínima con la máxima, tres más siete, es igual a 10 años, entre dos, son cinco años”, por lo que prescribiría el 29 de marzo del año 2022.