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Atizapán de Zaragoza, Méx.— Organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, del sector privado y del gobierno federal firmaron un decálogo de acciones para fomentar la protección de la presa Madín, entre las que destacan la implementación de jornadas de limpieza y reforestación y monitoreo ciudadano.
La firma de la iniciativa fue promovida por la asociación civil Nacel Arcoíris A.C., la cual busca incentivar el cuidado del agua y la responsabilidad compartida respecto al cuerpo de agua que suministra del líquido a la región cercana al municipio de Atizapán de Zaragoza.
Los lineamientos del decálogo son: educación y sensibilización ambiental, monitoreo ciudadano de la calidad del agua, jornadas de limpieza y reforestación, denuncia y vigilancia colectiva, reducción de residuos y fomento de la economía circular, participación en políticas públicas, restauración de ecosistemas, voluntariado capacitado y permanente, alianzas de sectores clave y cultura de corresponsabilidad.
“El cuerpo de agua constituye un patrimonio cultural esencial para la vida y el equilibrio ecológico y bienestar de las comunidades. Mediante esta firma se asume un compromiso ético y social para contribuir a la protección, restauración y defensa del territorio promoviendo la organización comunitaria, la educación ambiental y la corresponsabilidad activa”, explicaron los participantes de Nacel Arcoíris.
Citlalli Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuencas del Valle de México, dependiente de la Conagua, recordó que hace cuatro años se generó una movilización social por la presa Madín y se han logrado avances, como trabajos de desazolve, retiro del muro acuario, la activación de dos plantas potabilizadoras y la realización de más de 100 jornadas de limpieza en el sitio.
Como parte de este decálogo se realizarán talleres en escuelas y comunidades para fortalecer el reconocimiento del cuerpo de agua. Se organizarán jornadas de limpieza y reforestación con especies nativas.
También se construirán redes de observación ciudadana para reportar descargas ilegales, invasiones de zonas protegidas o tala clandestina y se exigirá a las autoridades el cumplimiento de la normativa ambiental, actualizar planes de manejo e incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el futuro de la presa.
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