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Huixquilucan, Méx.— A más de un año de que presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la contaminación en la presa El Capulín, habitantes de diversas comunidades de Huixquilucan denunciaron que la institución mantiene un silencio administrativo, sin emitir resolución ni adoptar medidas cautelares, limitándose a responder que “el expediente sigue en integración”.
En este marco, más de mil 200 vecinos decidieron firmar y enviar una carta dirigida a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en la que demandaron una respuesta inmediata y fundamentada que atienda la emergencia sanitaria y ambiental provocada por los vertimientos de aguas negras y desechos en la presa, ubicada en la zona colindante con Naucalpan.
Los habitantes señalaron que la omisión del organismo constituye una revictimización institucional, además de un incumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6, 28 y 46 de la Ley de la CNDH, que ordenan investigar, emitir recomendaciones y promover medidas inmediatas para proteger el derecho al medio ambiente sano y a la salud.
La carta fue entregada el pasado 13 de octubre, con acuse de recibo, y en ella se solicita que la CNDH emita una resolución definitiva, señale a las autoridades responsables de la contaminación y ordene acciones urgentes de remediación ambiental.
Los vecinos advirtieron que Huixquilucan no puede seguir esperando, pues la vida, la salud y la dignidad de más de mil familias están en riesgo.
Denunciaron que la contaminación no sólo afecta la salud de la población, sino que también compromete la calidad del agua, la fauna local y el entorno ambiental de la zona, elevando el riesgo de enfermedades y la pérdida de biodiversidad.
Desde hace años, las comunidades cercanas han documentado olores fétidos, presencia de fauna muerta y afectaciones directas a la salud de niños y adultos, provocadas por la exposición constante a contaminantes.
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