Excontralor y edil de Ixtapan de la Sal cruzan acusaciones de corrupción

Toluca, Méx.— El presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Juan Antonio Pérez Quintero, y el excontralor interno de la administración municipal, Miguel Ángel Méndez, cruzaron acusaciones sobre la presunta comisión de actos de nepotismo y corrupción, entre otras faltas administrativas “graves”.

La noche del jueves, el alcalde, a través de un comunicado, anunció el despido del excontralor por “faltas graves en la conducción del departamento y que dañan al ayuntamiento”.

Dijo que tomó la determinación por encontrarse responsable de “actos de corrupción y nepotismo”, mismos que le fueron comprobados y que no tienen cabida en una administración que se rige por la transparencia.

En conferencia de prensa en Toluca, Ángel Méndez rechazó que lo hayan despedido y mostró un documento —con fecha del 4 de febrero— donde presentó su renuncia al cargo, y acudió ante la Contraloría del Congreso estatal para presentar una denuncia contra el edil por corrupción.

En el documento refirió que el motivo de su renuncia es porque no comparte “muchas decisiones, que a su consideración, son consecutivas de faltas administrativas y hechos de corrupción”.

“Por lo que resultaría incongruente que las apoyara sin estar de acuerdo con ellas. Prefiero reconocer la realidad que recurrir a la mediocridad para sobrevivir”, añadió el exfuncionario.

El excontralor acusó que en el actual gobierno local hay “faltas administrativas graves”, por ejemplo, que familiares del edil ocupan cargos públicos.

Es el caso de Blanca Estela Delgado Delgado, cuñada del alcalde y jefa de cajeros del balneario municipal, además, el jefe del jurídico del Organismo de Agua es sobrino de la esposa del edil.

Manejos irregulares

Aunado a ello, Ángel Méndez denunció que la administración paga 50 mil pesos al mes a un despacho externo para que elabore un informe mensual, aún y cuando esta actividad corresponde al tesorero.

Reclamó que al alcalde pretende empañar su trayectoria de 25 años en el sector público, pues llevó este tema al ámbito político y confió en que la Contraloría del Poder Legislativo investigue y sancione a quien corresponda.