El Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular, con 57 votos a favor, un dictamen para endurecer las penas contra el delito de extorsión con 15 agravantes, incluidos los montachoques, la cobranza ilegítima y la amenaza del envío de videos o fotografías con contenido sexual; además, ya se perseguirá por oficio, es decir, sin la necesidad de que haya una denuncia de por medio.
El dictamen estipula que la extorsión dejará de ser un delito patrimonial y ahora será mixto, es decir, contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia.
Se precisa que el delito se castigará con una pena de 10 a 15 años de prisión, y si se cae en alguna de las 15 agravantes, aumentará al doble, esto es, hasta 30 años de cárcel.
Algunas de estas agravantes son: que el delito se realice por un funcionario o exservidor público; se cometa utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica; se cometa empleando imágenes, mensajes escritos, audios o videos de contenido sexual íntimo, sean reales o editadas.
La pena aumentará cuando la extorsión se realice desde el interior de un centro penitenciario, se cometa contra personas dedicadas al comercio o transporte, y se realice para obtener el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito.
El dictamen también incrementa las penas contra la cobranza ilegítima, delito que implica hasta 15 años de prisión, y se castigaría como secuestro exprés el que se prive de la libertad a otro por el tiempo estrictamente indispensable para cometer los delitos de robo o extorsión.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, dijo que con este instrumento legislativo se contribuye a dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una política criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía.
La diputada de Morena, Xóchitl Bravo, comentó que este dictamen se complementa con la creación de una Fiscalía Especializada en la materia y la puesta en marcha de una línea telefónica donde se puede denunciar la extorsión: 5550363301.
“Las y los diputados de este Congreso capitalino sabemos de la urgencia para acabar con las extorsiones en todas las modalidades, inclusive uno más adicionado, que son los montachoques, y les podemos decir que se les ha acabado su forma de extorsionar a la gente”, agregó.
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Legisladores del PAN presentaron cuatro reservas al dictamen, una de ellas buscaba quitar del delito de cobranza ilegítima el término “acosar”, pues se podría prestar a abusos de las autoridades y deudores; sin embargo, ninguna se aprobó.
El morenista Paulo García precisó que con este dictamen se busca tipificar la extorsión como delito grave e implica que los extorsionadores no puedan salir bajo fianza. “Además, el delito será perseguido por oficio, lo cual evitará que las víctimas sean intimidadas y todo intento de extorsión será castigado como delito consumado”.
Jannete Guerrero, del PT, indicó que este dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad.
En el tercer artículo transitorio de este dictamen, que incluyen las iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la de la diputada local Tania Larios, se deja en claro que los procedimientos penales que se hayan iniciado antes deberán concluirse aplicando la ley penal vigente al momento de la supuesta comisión del delito.