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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tiene un registro de 5 mil 348 cadáveres de personas desconocidas, de los cuales 629 llevan siete años sin ser identificados.
Vía transparencia, la Coordinación de Servicios Periciales dio a conocer estos datos correspondientes al lapso 2018-2024, pero no especificó la causa de muerte, edad ni sexo.
En 2024 se reportó la cifra más alta de cadáveres de personas sin identificar, con 898; ese año se observa un incremento de cuerpos en esta condición en comparación con 2023, equivalente a 3.3%. En ese periodo también aumentó el número de desaparecidos en 24%, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
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Sol Salgado Ambros, excomisionada de Búsqueda del Estado de México y exfiscal de Desaparición, explicó que la crisis forense se detonó con la ola de violencia que generó la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Refirió que eso ocasionó que los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de todo el país se vieran rebasados por la cantidad “escalofriante” de cuerpos de personas asesinadas que tenían que recibir.
Consideró que el incremento de cadáveres de personas sin identificar tiene que ver en gran parte con esta violencia y la falta de recursos extraordinarios destinados para atenderla.
A la fecha, dijo, en los Semefo hay un rezago de personal capacitado y esta área no está preparada para identificar a las víctimas, sobre todo en las condiciones en las que muchas de ellas son encontradas.
“Cada vez con más frecuencia son localizados cuerpos con maniobras de destrucción, por fuego, ácido o descuartizamiento de las víctimas. Hay personas que fallecieron por otras causas, por accidentes, suicidios, pero se van a la gran maraña de la no identificación”, dijo la exfiscal de Desaparición; consideró que la ley establece que los cuerpos de personas desconocidas deben ser inhumados cuando ya tienen sus dictámenes periciales de identificación completos, entre ellos los de criminalística, medicina legal, dactiloscopia, genética y odontología, y ese proceso puede tardar días o meses.
“Hay muchos cuerpos de los que, desafortunadamente, no fueron recabadas las muestras genéricas y fueron inhumados”.
Sobre las carencias que existen en el Estado de México que impiden la identificación de cadáveres, Salgado observó que las fiscalías de justicia no cuentan con varios registros que establece la ley general en materia de desaparición, entre ellos el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas, y el Registro Nacional Forense. Observó que la ley establece que las entidades federativas tienen que crear sus propios registros locales de personas fallecidas no identificadas a falta de un registro federal, por lo que el Estado de México tiene el deber de implementar el suyo.
“Mientras no estén funcionando, tendremos estas cifras de terror. Este registro ya lo debió haber echado a andar la Fiscalía [General] de la República, para que cada fiscalía de los estados coloque los datos e información de los cuerpos y restos que van llegando a ellos”, dijo.
La especialista explicó que si bien las familias de personas desaparecidas pueden tener acceso a la plataforma de cadáveres del Semefo, muchas veces los cuerpos ya no son reconocibles a simple vista, por las condiciones en las que son encontrados.
A su parecer, es necesario realizar la recopilación de las periciales completas de cada cuerpo y restos ingresados al Semefo, que incluya los cotejos digitales y genéticos. También se tiene que contar con un álbum completo de los objetos y pertenencias que portaba cada una de las personas localizadas sin vida, para que las familias puedan tener más elementos para identificarlas.
Consideró que es necesaria la contratación de más personal especialista y exclusivo para atender la identificación.
