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Chicoloapan, Méx.- Entre el 1 de marzo al 30 de junio fueron asegurados 11 pozos de agua y 25 tomas irregulares en varios municipios del Estado de México, en operativos que han realizado dependencias mexiquenses, capitalinas y federales.
En esas acciones también ha intervenido el Congreso local, a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos para detectar y asegurar puntos de posible extracción ilegal de agua en diversos territorios de la entidad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua), Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), han llevado a cabo cateos en inmuebles investigados por ser lugares en donde posiblemente se sustraía el líquido de manera ilegal.
Estas acciones han sido posibles gracias a las denuncias anónimas e información aportada por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Legislatura mexiquense, así como por trabajos de investigación de diversas dependencias federales y estatales, dio a conocer la FGJEM.
En Texcoco fueron asegurados tres pozos. Hace unos días, en Chicoloapan, la fiscalía estatal aseguró un pozo denominado “Pozo Los Pinos”, ubicado en la colonia 2 de Marzo.
Además, en abril, en Ocoyoacac, en una acción conjunta la FGJEM, Sedena, Conagua, Segiagua GN, CAEM y SSEM, efectuaron cateos en siete domicilios y aseguraron 18 tomas clandestinas en funcionamiento de donde posiblemente se sustraía agua potable de manera ilegal y una más en proceso.
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Durante esta diligencia también fue asegurado el “Pozo 13”, así como cuatro tomas más localizadas en las inmediaciones de los inmuebles inspeccionados.
En junio, en el municipio de Jocotitlán, la fiscalía mexiquense, Segiagua y SSEM, inspeccionaron y aseguraron una construcción en la cual fue localizado un pozo y tres tomas clandestinas de donde presuntamente se sustraía agua potable de manera ilegal, derivado de una denuncia.
Según la FGJEM, con esas acciones se debilita la estructura financiera de grupos dedicados a esta actividad que registra ganancias millonarias anuales, pues el costo de una pipa puede llegar a superar los 2 mil pesos en algunas regiones.
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