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El desalojo realizado en la colonia Roma la mañana del martes fue por una investigación por el delito de despojo y la persona que fue detenida horas más tarde afuera del inmueble sería un integrante de la Unión Tepito, informó la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).
La denuncia por el despojo fue presentada por los representantes legales de una empresa, quienes acreditaron la legitima compra del inmueble de la calle de Tonalá, a través de escritura pública, dijo la FGJ.
Según lo asentado en la carpeta de investigación, en el año 2024, una mujer y un hombre ingresaron con violencia al edificio, alegando tener relación con la Unión Tepito.
Tras esta invasión, los propietarios del inmueble ya no lograron ingresar al edificio de Tonalá, en la colonia Roma.
La Fiscalía afirma que obtuvo "la confirmación registral de la propiedad", por lo que solicitó a un juez el aseguramiento del edificio de Tonalá número125.
Hasta la mañana del martes 26 de agosto, al menos 22 familias habitaban el edificio en cuestión, hasta que fueron desalojados en un operativo encabezado por agentes de la FGJ y policías capitalinos.
Luego del desalojo, agentes de la FGJ y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México detuvieron a un hombre, identificado como Jovany N, quien es señalado por la autoridad como integrante de la Unión Tepito y contaba con una orden de aprehensión por el delito de extorsión, registrado en Ecatepec, Estado de México, en 2024.
Jovany ya fue entregado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Desalojo violento en la Roma; policías ingresan de madrugada y detienen a inquilino tras enfrentamiento
Con armas y granaderos, 22 familias fueron desalojadas de un edificio de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras un enfrentamiento entre agentes e inquilinos, Giovanni fue aprehendido por los policías ministeriales.
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Se trata del número 125 de la calle Tonalá, un edificio de cinco pisos en el que desde hace 50 años habitaban las familias.
Ellos, hace 20 años dejaron de pagar la renta de la viviendas. Y es que los inquilinos se enteraron de que por años, la administradora del edificio omitió decirles que el dueño había muerto para así cobrar el dinero que no era de ella.
El nombre de la administradora es Laura Almazán y hasta enero pasado también era habitante del edificio. Y es que ella abandonó el lugar donde vivía cuando Édgar Romero Nájera se presentó como el apoderado legal de una inmobiliaria y les anunció que serían desalojados.
Pero según los inquilinos, ambos se conocen y tienen contacto con personas del gobierno a quienes acusan de ser los responsables de que ayer llegaran los policías a desalojarlos.
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Las cámaras de vigilancia de los pasillos y los departamentos captaron el momento del desalojo. Eran casi las 4:30 de la mañana cuando policías que portaban armas y cascos de granadero ingresaron a los departamentos.
Sin ningún documento pero sí con sus armas, obligaron a niños, adultos mayores o jóvenes a salir de las viviendas sin ninguna pertenencia.
Los policías argumentaban que ahí se había cometido el delito de despojo y por eso serían detenidos.
Tras lo ocurrido, las familias bloquearon la calle para protestar por el desalojo y exigir una mesa de diálogo con las autoridades.
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Mientras los manifestantes impedían el paso por la calle, agentes de la fiscalía llegaron al lugar para detener a un hombre llamado Giovanni.
Para evitar la aprehensión, sus vecinos enfrentaron a los agentes que tras un altercado arrastraron a Giovanni y a una mujer hacia el interior de una camioneta sin placas ni sellos de la fiscalía.
Calles adelante, Diana fue liberada pero no Giovanni. Y es que los agentes indicaron que el hombre contaba con orden de aprehensión que no fue mostrada en el momento de la detención.
Minutos después policías llegaron al lugar para supuestamente llevarlos a una reunión en donde serían recibidos por las autoridades.
Pero minutos después, los habitantes se enteraron de que en realidad intentaban obligarlos a firmar un acuerdo en el que admitían la ayuda de 12 mil pesos a cambio de dejar el lugar.
Recuadro
En julio pasado el edifico número 130 de la calle Tonalá fue desalojado. Se trataba de un inmueble de tres niveles que albergaba oficinas y en la parte baja el restaurante Las Flautas.
El negocio tenía 59 años de rentar el lugar y los dueños del restaurante no fueron notificados sobre la venta del edifico.
En esa ocasión los inquilinos pidieron ayuda de los policías quienes llegaron al lugar pero sólo para impedir que los afectados regresaran al edificio.
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