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Cuautitlán Izcalli, Méx.— “No es justo que pagamos el agua y aparte para tener agua hay que comprar pipas. Estamos esperando que nos digan qué harán para que todos tengamos agua”, declaró Juan Altamirano, presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la colonia Cofradía de San Miguel, comunidad en la que los vecinos detectaron a cuatro hombres que intentaban realizar una toma clandestina.
La inconformidad se incrementó esta semana cuando observaron a los sujetos excavando frente al pozo El Potrero, frenando su intención de realizar una toma clandestina para huachicolear el agua.
A tres los arrestaron policías de Cuautitlán Izcalli y el cuarto huyó en una camioneta del organismo de agua OPDM de Tlalnepantla, dejando una manguera en el lugar.
Altamirano explicó que no es la primera vez que se enfrentan a una situación de ese tipo con la empresa que construyó naves industriales sobre la avenida Huehuetoca, pues el año pasado también frenaron la intención que tenían de conectarse a la red de agua potable, al considerar que desde que se edificó el inmueble, los problemas de agua para 4 mil familias se incrementaron.
“Hay calles de aquí que no les llega el agua porque no la avientan con mucha presión. Las calles más alejadas del pozo, ahí sí tienen que comprar pipas particulares para poder tener agua”, sostuvo el representante vecinal, al tiempo de precisar que para ayudar a que el líquido llegue a los tinacos, hubo habitantes que compraron bombas.
La noche del martes se manifestaron bloqueando el paso de vehículos de carga de la empresa O’ Donell sobre la avenida Huehuetoca, expresando su inconformidad, ya que, aseguraron, uno de los trabajadores que excavaba les informó que la toma sería para dicha compañía, y ante la respuesta tardía de Operagua y seguridad pública, fueron ellos quienes retuvieron a los presuntos huachicoleros y posteriormente la policía municipal los llevó ante el Ministerio Público.
Solicitaron al gobierno de Cuautitlán Izcalli revisar el estatus jurídico de las naves logísticas, construidas en una zona habitacional y que consideran están vulnerando el derecho al agua.
