Dan seis meses para armonizar leyes de transparencia

El Congreso de la Ciudad de México tendrá 180 días naturales para armonizar las leyes que permitan que la Secretaría de la Controlaría, a través de un órgano desconcentrado, asuma las funciones del extinto Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info-CDMX).

Lo anterior quedó establecido en el decreto publicado este viernes en la Gaceta Oficial de la capital.

“El Congreso de la Ciudad de México tendrá un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que corresponden para dar cumplimiento a este decreto”, indicó.

Informó que los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del instituto de transparencia pasarán a formar parte de la Secretaría de la Contraloría General a través del órgano desconcentrado.

Los asuntos en trámite al momento de entrar en vigor la legislación secundaria serán concluidos por la Secretaría de la Contraloría General a través del órgano desconcentrado.

También, los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en términos de la legislación.

Cabe recordar que la aprobación de esta reforma derivó en un zafarrancho en el Congreso capitalino en la sesión del 15 de diciembre, cuando diputadas de Morena y del PAN se agredieron.

Al respecto, en un comunicado de prensa, el Info-CDMX indicó que mientras se desarrolla el proceso legislativo de armonización de las leyes secundarias, el instituto continuará actuando conforme al marco jurídico vigente.

Por lo que dará continuidad a las acciones de capacitación de personas servidoras públicas, la socialización de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, la prestación de asesorías especializadas, el cumplimiento de las resoluciones previamente aprobadas, así como el desarrollo ordinario de sus procesos administrativos y de gestión interna.

“Durante este periodo de transición, los derechos de las personas no se suspenden ni se interrumpen, por lo que los entes públicos de la Ciudad de México deberán seguir atendiendo las solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, además de cumplir con la actualización permanente de sus obligaciones de transparencia”, aseguró.