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Una vez que entre en vigor la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Administración y Finanzas se convertirá en una de las dependencias con mayor peso al interior de la administración pública.
De acuerdo con la nueva ley, que entraría en vigor el 1 de enero de 2019, las áreas de Finanzas, que este año contó con un presupuesto por 3 mil 712 millones 858 mil 830 pesos, y la Oficialía Mayor, a la que se le asignaron 781 millones 142 mil 173 pesos, serán fusionadas.
Con ello, esta dependencia tendrá a su cargo el manejo de los recursos de la Ciudad, además de la nómina del Gobierno capitalino, así como el resguardo de los bienes muebles, antes a cargo de la Oficialía Mayor.
Según lo que establece la nueva ley, la Secretaría de Administración y Finanzas, que encabezará Luz Elena González Escobar, tendrá que elaborar el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos, cobrar derechos e impuestos, emitir opiniones sobre precios y tarifas de los bienes y servicios.
Además, aprobará los programas de contratación de personal, emitirá lineamientos de credencialización y el padrón de los verificadores administrativos; en sus facultades también estarán las compras de bienes y servicios, la administración de los recursos provenientes de los Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR) y emitir declaraciones de protección del patrimonio.
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Otro de los cambios que se establece es que una vez entre vigor la nueva ley, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, deberá dar paso a la desaparición de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), cuyas facultades regresarán a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).
“Se deberán realizar las gestiones pertinentes para que dichas funciones o servicios se transfieran a la Secretaría de Obras y Servicios de manera ordenada; considerándose al efecto los recursos humanos, financieros y materiales que se encuentren asignados a los mismos. Las personas servidoras públicas que con motivo de lo dispuesto en el presente transitorio se readscriban a la Secretaría de Obras y Servicios, serán respetados en sus derechos humanos, laborales y de seguridad social”, indica el artículo Vigésimo Transitorio.
Reestructuración. La Administración Pública de la Ciudad de México deberá proponer reestructurar sus áreas conforme a la nueva política de austeridad republicana.
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Mediante un aviso publicado en la Gaceta Oficial capitalina, se ordena a los titulares de dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, entregar por escrito la solicitud de un dictamen de estructura o reestructura orgánica a la Oficialía Mayor a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa.
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