Cumplen exfuncionarios 1 año de fuga

La fiscalía capitalina tuvo conocimiento de que el 9 de septiembre de 2019, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), así como el excomisionado para la Reconstrucción, Édgar Tungüí, salieron del país, de acuerdo con los registros del flujo migratorio proporcionados por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Sin embargo, fue hasta el 13 de septiembre de ese mismo año que se solicitaron las órdenes de aprehensión en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, que originó un desvío millonario en recursos para la reconstrucción por 46 millones 319 mil 259 pesos.

Según consta en las resoluciones judiciales 880/2019-V y 812/2019-VII —con las que el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Adulfo Vergara Cruz, negó la protección de la justicia a ambos exfuncionarios, quienes pretendían evitar su captura—, que dichos reportes fueron otorgados en su momento por el director subcomisionado del Instituto Nacional de Migración a través del oficio con terminación 1303/2019, en donde refiere que se “reportó el flujo migratorio que tuvieron los dos imputados”, sin especificar el lugar.

Cuatro días después de que las autoridades capitalinas fueron notificadas de la salida, el 13 de septiembre de 2019 solicitaron y obtuvieron las órdenes de aprehensión contra Édgar Tungüí y Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, a sabiendas de que ya no se encontraban en el país.

La entonces procuraduría capitalina asentó dichos informes migratorios en la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B2C/D/03688/08-2019, al lado de otros datos de prueba que fueron presentados para que se les obsequiaran los mandamientos judiciales y los cuales también fueron analizados por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo, para resolver en contra de los imputados.

El juez Adulfo Vergara Cruz también encontró infundados e ineficaces los argumentos de Gutiérrez Gutiérrez y Tungüí, por lo que negó el amparo el pasado agosto.

EL UNIVERSAL dio a conocer en octubre de 2019 sobre estas investigaciones contra los exfuncionarios por el desvío millonario de recursos del fideicomiso 7579-2, el cual se constituyó con recursos públicos, privados e internacionales, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, carpeta de investigación a la cual tuvo acceso.