En lo que va de la Tercera Legislatura (2024-2027), el Congreso de la Ciudad de México ha recibido un promedio diario de 17 juicios de amparo para controvertir leyes, decretos aprobados o para señalar omisiones legislativas.
El área jurídica del Poder Legislativo local informó a EL UNIVERSAL, a través de una respuesta a una solicitud de información, que del 1 de septiembre de 2024 al 23 de mayo de 2025 ha recibido 4 mil 667 juicios de amparo, la mayoría administrativos.
Se detalló que 2 mil 42 de estos juicios son contra el Código Fiscal local; mil 10 contra la Ley de Turismo y la Constitución capitalina; 931 de varios temas; 671 contra la reforma judicial y supremacía constitucional; 10 contra decretos aprobados; y tres por omisiones legislativas.
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“Los referidos juicios provienen de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Penal y Civil de la Ciudad de México y por lo que hace a aquellos cuyo tema es Reforma al Poder Judicial y supremacía constitucional de los Juzgados de Distrito en los Estados de la República y Ciudad de México, y todos y cada uno de ellos han sido atendidos mediante la rendición de los informes previos y justificados o la integración de diversas promociones”, se señaló.
Por ejemplo, Silvana Carranza es una de las personas que ha promovido juicios de amparo en esta Legislatura contra el Congreso local, en este caso por la omisión legislativa de no haber aprobado la Ley del Sistema Público de Cuidados, que está pendiente desde 2023.
“Lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Congreso de la Ciudad de México cumpla cabalmente con la obligación relatada; por tanto, en términos de la obligación prevista en los artículos 9, apartado B y Vigésimo Transitorio, ambos de la Constitución Política de la Ciudad de México, proceda a emitir una ley que establezca y regule un sistema de cuidados para la Ciudad de México”, señala el amparo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
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Algunos de estos juicios de amparo llegan a durar varios años, como sucedió en el caso de la Inmobiliaria Trepi.
En 1992 el predio de Montes Apalaches 525 fue expropiado por el entonces Departamento del Distrito Federal y fue declarado Área de Valor Ambiental.
El problema radicó en que en ese entonces no se realizó el pago de la indemnización correspondiente a la inmobiliaria, ni se dio el mantenimiento necesario para destinarlo a la conservación ecológica, por lo que Trepi pidió, a través de varios juicios, que le devolvieran este predio de 4 mil metros cuadrados, ubicado en el Bosque de Chapultepec, para la construcción de una torre residencial.
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Un juzgado le había pedido al Congreso local cambiar el uso de suelo de ese lugar.
Para dar respuesta a este ordenamiento judicial, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) propuso al pleno del Congreso capitalino un acuerdo para restituir el uso de suelo denominado ‘Área Verde AV’ a este predio, que era un Área de Valor Ambiental.
Airbnb es una de las empresas que ha interpuesto amparos contra la Ley de Turismo de la CDMX que los limita únicamente a ofertar el 50% de las noches al año o de lo contrario serán suspendidos durante un año.
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La plataforma de hospedaje aseguró que la regulación aprobada en octubre de 2024 se desarrolló y aprobó sin tomar en cuenta la postura de todos y con la intención de otorgar una supuesta certeza a la industria hotelera, sin considerar el impacto que tendría en los anfitriones.
“Los individuos más afectados por restricciones como las que se han impuesto son ciudadanos reales que dependen de las plataformas como Airbnb para complementar sus ingresos al compartir sus espacios”, aseguró la plataforma.