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El Congreso local aprobó, durante un periodo extraordinario de sesiones, un dictamen para crear la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, la cual fue promovida por el jefe de gobierno, Martí Batres.
En la última sesión del periodo ordinario, celebrada hace unos días, la discusión de esta propuesta se pausó, pues la oposición pedía incluir a las alcaldías en esta norma y que no se les excluyera de la creación de programas sociales; además demandaban que se eliminara el apartado en donde se señalaba que el reparto de programas sociales estaba condicionado a la disposición presupuestal.
Tras varios días de estira y afloja, se logró consensar dos reservas: una al artículo 4 para quitar que las políticas de bienestar estuvieran exigibles a la disposición presupuestal; y otra al 58 para que los programas sociales que implementen las alcaldías se coordinen con las áreas del Gobierno de la Ciudad, con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar duplicidad “con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos”.
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Al respecto, el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, celebró que después de la crisis haya existido un espacio para el diálogo con el grupo mayoritario, lo que permitió corregir, lo que llamó, una redacción desafortunada.
Comentó que la aplicación de los derechos sociales nunca puede estar supeditada a la suficiencia presupuestal.
“Esta nueva redacción nos permite sortear este primer escollo, en eso quiero agradecer a la diputada Martha Ávila y a todos los que contribuyeron a esta nueva redacción, que nos permite, en este tema, avanzar y pasar de un desencuentro, a un acuerdo en beneficio de todos los capitalinos”, apuntó.
A pesar de estas palabras, el legislador blanquiazul al final votó en abstención este dictamen.
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Quienes se mostraron en contra de esta propuesta fueron sus compañeros de bancada, Daniela Álvarez y Ricardo Rubio, este último dijo que con esta redacción prácticamente las alcaldías deben pedir permiso al gobierno para aplicar programas sociales.
Por lo anterior, ellos y el resto de los panistas hicieron un último esfuerzo al no votar este tema para tratar de romper el quórum del extraordinario, pero no lo lograron y al final la expedición de esta nueva Ley se votó con 34 votos a favor y la abstención ya mencionada.
La Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México establece, entre otras cosas que, esta política se debe orientar a garantizar una vida libre de pobreza y a una disminución sustantiva de las desigualdades en la Ciudad de México.
Además, se precisa que el Gobierno de la Ciudad promoverá una estrategia progresiva de transferencias monetarias, desde una perspectiva de derechos. La estrategia podrá tener componentes diferenciados de acuerdo con el ciclo de vida, por sexo y por rangos etarios, condición de actividad, situación de pobreza y grupos de atención prioritaria.
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