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La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación, cambió de nombre, fusión y la desaparición de comisiones ordinarias.
Las y los legisladores votaron a favor de crear tres nuevas comisiones: de Gobierno y Políticas Públicas, la de Justicia Cívica y Defensoría Pública, y la de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal.
Además, se fusionó la Comisión de Educación con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación; se eliminaron las comisiones de Reconstrucción y la de Reactivación Económica; y se aprobó el cambio de nombre de la Comisión de Participación Ciudadana por Comisión de Participación Democrática y Ciudadana.
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“Se propone eliminar la Comisión de Reconstrucción, ello en virtud de que el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado diversas acciones que tuvieron que ver con el tema de la reconstrucción después de los sismos ocurridos en el pasado mes de septiembre de 2017, y la Comisión de Reactivación Económica, en virtud de que el origen de esta comisión fue por el tema que se atravesó del Covid-19, se considera que con la Comisión de Económico se atiende el tema”, señala el dictamen.
Estos cambios ya habían sido aprobados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hace más de un mes y hasta ahora fueron discutidos en comisión. Cabe descartar que el Congreso local seguirá teniendo 45 comisiones ordinarias.
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Este dictamen fue presentado por las diputadas de Morena Xóchitl Bravo y Brenda Ruiz, con el objetivo de agilizar y mejorar el funcionamiento del trabajo en la Tercera Legislatura.
De acuerdo al dictamen, la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas será un “puente” de comunicación entre el gobierno y los gobernados, quienes están representados por los legisladores.
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La Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública busca involucrar a los diputados en temas de la vida cotidiana para sea posible un marco normativo acorde con la realidad de la Ciudad; mientras que la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal nace tras la reforma constitucional por la que anualmente se dará un presupuesto a las unidades habitacionales, para efecto de que tripartitamente se puedan consolidar en leyes secundarias, o reglamentos este mandato.
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