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El Congreso de la Ciudad de México recibió 11 escritos ciudadanos en los que se realizan observaciones al proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD).
Los escritos, casi similares, señalan que, desde un inicio, las y los vecinos hicieron saber al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y a la Jefatura de Gobierno la necesidad de una reposición de proceso del PGD, dada su inconformidad por la violación de proceso y vulneración de diversos derechos plasmados en la legislación.
Precisan que, durante 2025, el IPDP no convocó a las Copacos, organizaciones de la sociedad civil, vecinos e instancias académicas para participar en elaboración del Proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045, “lo que derivó en un documento con muchas incongruencias jurídicas, vacíos legales que no responde de ninguna manera a la problemática, necesidades y visión prospectiva de los habitantes de la Ciudad de México en tanto nunca fueron consultados”.
Por ejemplo, señalan, el PGD dice “democratizar la gestión del suelo: Creación de polígonos prioritarios con consulta directa. Mecanismos de consulta vinculante, foros ciudadanos, presupuesto participativo. Ley de Ordenamiento Territorial con gobernanza democrática Planes integrales vinculantes por alcaldía.” Esto implica, según los vecinos, que habría modificaciones de usos de suelo no solamente a través del Congreso, sino a través de asambleas vecinales de consulta directa en las que los resultados de la asamblea serían vinculantes.
Otra preocupación, añaden, es la creación de la figura de las Casas de Gobierno que existirían en todas las alcaldías. El PGD pide elevarlas a rango constitucional y que evolucionen a Consejos de Gobierno comunitarios con atribuciones normativas, presupuestarias y jurídicas. “El texto del PGD no puede ordenar al Congreso elevarlas a rango constitucional, ni definir el tipo de atribuciones que tendrán. Por otro lado, no puede haber ningún tipo de intermediación entre alcaldías y ciudadanía y las Casas de Gobierno toman de facto facultades que corresponden a las alcaldías al encargarse de la articulación de servicios públicos, supervisar programas en curso y generar procesos de planeación participativa”.
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Asimismo, se argumenta que entregaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada y a la titular de Instituto de Planeación, Patricia Ramirez Kuri, un documento acompañado de más de 21 mil firmas solicitando la reposición del proceso, de manera que inicie de nuevo la elaboración del proyecto del Plan General de Desarrollo.
“Es lamentable que no sólo no hayamos recibido respuesta a dicha petición, sino que recientemente salieron publicadas en todos los diarios las declaraciones de la jefa de Gobierno indicando que ya había concluido la elaboración del Plan General de Desarrollo y que, una vez aprobado en el Congreso local, se seguiría la ruta para el crecimiento urbano de la metrópoli aprobando el Programa General de Ordenamiento Territorial. De ser así, habríamos perdido totalmente nuestro derecho a la ciudad”, indican.
dmrr/rmlgv
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