Toluca, Méx. - María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión tras ser hallada culpable del delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal y del chofer del ayuntamiento, asesinados en enero de 2023. La resolución fue emitida por una autoridad judicial luego de que la fiscalía general de Justicia del Estado de México acreditó que ambos funcionarios fueron privados de la vida por instrucciones directas de la entonces alcaldesa.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando las víctimas, identificadas con las iniciales G.J.R. y M.A.L.C., fueron enviadas por su superior jerárquica a una zona considerada de alto riesgo, con presencia de grupos criminales, de donde no regresaron. Un día después, sus cuerpos fueron localizados al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan.
Las indagatorias establecieron que Martínez Robles ordenó el asesinato del síndico municipal con el objetivo de mantener el control de las decisiones dentro de la administración local. Para ello, habría sostenido comunicación directa con integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, a quienes solicitó cometer el crimen. Como parte del plan, el síndico fue citado a una supuesta reunión en Zacazonapan el día de los hechos.
La Fiscalía también documentó que la expresidenta municipal participó en diversas reuniones con miembros de esa célula delictiva para coordinar la operación de la administración municipal. Su detención se realizó en el marco de la Operación “Enjambre”, mediante un despliegue conjunto entre autoridades estatales y federales, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
Además de la pena de prisión, la sentencia contempla el pago de una reparación del daño por más de doscientos mil pesos para cada una de las víctimas, así como la suspensión de los derechos civiles y políticos de la exfuncionaria. Este fallo representa la onceava sentencia condenatoria dentro de la Operación “Enjambre”, que ha derivado en la detención de decenas de personas consideradas objetivos prioritarios por su presunta relación con estructuras criminales infiltradas en gobiernos municipales.
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