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Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 los candidatos deberán cumplir diversas medidas de protección para los ciudadanos que acudan a sus eventos y el personal que trabaje con ellos, entre otros deberán cumplir las medidas sanitarias y evitar actos de violencia.
De acuerdo con las Medidas de Neutralidad y Protección, cuando los candidatos consideren que está en riesgo su integridad física o la de las personas que asisten a sus eventos públicos, deberán informar de las autoridades correspondientes las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho que consideren peligroso.
Las medidas se aplicarán a quienes asistan a eventos públicos y otras que deberán observar las personas servidoras públicas de la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México; ya fueron publicadas por la Contraloría capitalina en la gaceta oficial.
El documento refiere que deberán respetar los principios de la función electoral ; abstenerse de recurrir a la violencia (en cualquiera de sus acepciones) y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público; y que serán responsables indirectos de las infracciones que pudieran incurrir sus simpatizantes.
Además, a solicitud de las autoridades electorales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gobierno, ambas de la Ciudad de México, implementarán las medidas de protección y seguridad para los candidatos y personas que asisten a sus eventos públicos ; en caso de advertir actos que pudieran implicar violencia (en cualquiera de su acepciones), discriminación, o aquellos actos que pudieran ser constitutivos de algún delito, darán aviso a las autoridades correspondientes, para que brinden la atención respectiva.
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Conforme al ámbito de sus atribuciones, las autoridades de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México brindarán apoyo y colaboración al Instituto Electoral, para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección.
Durante el proceso electoral 2021, también la Contraloría General de la Ciudad de México revisará los ingresos, egresos y aplicación de recursos, así como contratos, para verificar que no se utilicen recursos públicos en las campañas .
En caso de incumplimiento la dependencia iniciará el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondientes, sin perjuicio de la posible configuración de delitos, que deberán ser denunciados ante la autoridad competente.
En este documento exhorta a todos los servidores públicos a que se abstengan de efectuar campañas de promoción personalizada, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o internet incluidas las redes sociales, así como en bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares; así como en la difusión de los programas sociales y de las acciones institucionales de beneficio social.
Tampoco deberán efectuar aportaciones provenientes del erario público a partidos políticos, coaliciones y candidaturas, o brindarles cualquier apoyo gubernamental; no deberán asistir en horarios de labores a cualquier evento o acto público, gira, mitin o acto partidista, de alguna candidatura a cargo de elección popular local; salvo aquellas personas servidoras públicas que contiendan por la reelección en el cargo.
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Asimismo, se les pide no utilizar redes sociales y portales institucionales, para inducir o coaccionar a otras personas servidoras públicas o a la ciudadanía en general, para votar a favor o en contra de algún partido político, coalición o candidatura; ni expresar, con motivo de su encargo, a través de cualquier medio, incluso en ejercicios que correspondan a la actividad periodística, expresiones que tengan como propósito favorecer o afectar a un partido político, coalición o candidatura.
No deberán rendir informes anuales de labores o de gestión, dentro del periodo de campaña y hasta la conclusión de la jornada electoral; ni efectuar la entrega de bienes y servicios en fechas distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas, ni tampoco hacer entrega de los beneficios de los programas sociales en eventos masivos; entre otros.
El documento también refiere que, las autoridades deberán proporcionar de forma gratuita a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, el uso de locales cerrados y abiertos de propiedad pública en condiciones de equidad, y deberán proporcionar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, por lo menos con cinco días de anticipación, un calendario mensual de las actividades programadas para la ocupación de dichos espacios e informar de cualquier cambio que se genere por lo menos con veinticuatro horas de anticipación.
apr/lsm