Diputado local del PAN propone endurecer castigo a funcionarios por abuso de poder

Con base en las órdenes de aprehensión giradas contra funcionarios de la administración pasada en el Gobierno capitalino, el diputado local del PAN, Pablo Montes de Oca, propuso reformas al Código Penal de la capital para endurecer el castigo de servidores públicos que hayan abusado del poder, ya sea en perjuicio de las finanzas o en acciones de impunidad.

La propuesta del panista detalla que el castigo será de tres hasta 10 años de cárcel cuando no exista daño o perjuicio o, bien, cuando el monto de la afectación no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Además, sostuvo que entre las sanciones destaca la no participación en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Ciudad de México, por un plazo de hasta 20 años.

“La corrupción es un mal que ha permanecido vigente durante una gran parte de la historia contemporánea de nuestro país. Incluso, a lo largo de las últimas dos décadas se han orientado esfuerzos para combatir dichas prácticas que denigran tanto al servidor público como al ciudadano, lastimando sobre todo a Estado y a la sociedad en general”, señaló Montes de Oca.

Desde la tribuna del Antiguo Palacio de Donceles, el panista detalló que propone modificar el artículo 256 del Código Penal, que señala la pena a los sujetos activos ya calificados por su calidad de servidores públicos.

Además de la sanción penal, dijo, también serán acreedores a las sanciones de carácter administrativo previstas en la misma legislación, así como imponer la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos a futuro y como cargos de elección popular.

Como integrante de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, denunció que la Ley de Responsabilidades Administrativas CDMX no ha evolucionado, mientras que los abusos y actos de corrupción siguen de manera constante.

“Si bien es cierto, para la individualización de las sanciones el Tribunal de Enjuiciamiento Penal, cuenta con una amplia gama de parámetros para determinar la pena aplicable correspondiente, desafortunadamente dichos límites normativos no han sido causa suficiente para detener o bien para mermar el desarrollo de los actos de corrupción”, explicó desde tribuna.

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