Corte admite queja sobre fondo para reconstrucción por sismo de septiembre

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad promovida por 22 diputados de Morena de la Asamblea Legislativa contra el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción y ampliación de las delegaciones de la Ciudad de México, conforme al presupuesto 2018.

El documento prevé que tres diputados locales controlarán 15 mil 800 millones de pesos: 8 mil 772 millones de pesos para la reconstrucción de zonas dañadas por los sismos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México y 7 mil 28 millones de pesos para el otorgamiento de fondos adicionales a los órganos de gobierno.

Fuentes del poder Judicial confirmaron que el asunto fue enviado a la ponencia del ministro Javier Laynez, quien dio entrada a la demanda y emplazó a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que contesten y rindan informes en los que incluyan la exposición de motivos del decreto por el que se expidió el presupuesto 2018.

Los preceptos señalan que los diputados Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Romero serán los encargados de “autorizar, supervisar, vigilar y proponer el ejercicio” de los recursos destinados a las labores de reconstrucción, derivadas de los sismos de septiembre de 2017 y de los que están asignados a diversos fondos, dependencias y proyectos.

En su acuerdo de admisión la Corte no ordenó la suspensión de la entrada en vigor del decreto de presupuesto 2018, por lo que puede operar normalmente hasta que los ministros resuelvan el asunto, para lo cual no cuentan con un plazo fijo.

La demanda fue presentada el 30 de enero pasado por el líder de Morena en la Asamblea Legislativa, César Cravioto, quien argumentó que dentro del paquete económico para 2018 las atribuciones en el ejercicio de los recursos destinados a la aplicación de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad fueron concentradas ilegalmente en el presidente y secretario de la Comisión de Gobierno, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Esto, según los diputados que demandaron la inconstitucionalidad, podría derivar en un manejo discrecional de los recursos, además de que esa clase de facultades sólo son conferidas por ley al titular del Ejecutivo y sus dependencias.

Horas después de que la Corte diera entrada a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Morena, el diputado perredista Leonel Luna dijo que: “El Programa de Reconstrucción ya está operando porque la Asamblea está segura de su legalidad y fue una decisión aprobada por el pleno, que es la máxima autoridad de este órgano legislativo”.

El también presidente de la Comisión de Gobierno dijo que la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de Morena sólo tiene el objetivo de obstruir como lo han hecho con la aplicación de los recursos de la reconstrucción para la Ciudad de México.