La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) pidió que se retome la discusión en el Congreso capitalino para retirar el delito de aborto del Código Penal, toda vez que se trata de un procedimiento médico vinculado con la salud pública y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
A través de un comunicado y en el marco de los 18 años de la despenalización del aborto en la capital, el organismo refirió que en octubre de 2024 presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal con el objetivo de eliminar el delito de aborto, y que hasta la fecha, la iniciativa sigue pendiente.
La CDHCM reiteró, también, la importancia de seguir fortaleciendo los servicios de salud pública para garantizar el acceso efectivo a la ILE, ampliando su cobertura y asegurando que se brinde con perspectiva de género, intercultural, interseccional y de derechos humanos.
"Este Organismo extiende un reconocimiento a todas las personas comprometidas -mayoritariamente mujeres- colectivas, organizaciones, academia e instituciones que han impulsado el derecho a decidir de las mujeres y que han hecho posibles los avances con los que contamos en la actualidad", expresaron.
El organismo recordó que el 24 de abril de 2007 fue aprobada la reforma legal por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal para permitir la ILE y dos días después fue publicada en la Gaceta Oficial, con lo que se despenalizó el aborto voluntario hasta la semana doce de gestación y dispusieron la obligación de contar con servicios gratuitos, seguros, informados y libres de discriminación, respectivamente.
Esta decisión la confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y sus acumuladas en las que dejó firme la posibilidad de interrumpir de manera voluntaria el embarazo.
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Sin embargo, tomó más de una década para que el resto de las entidades en el país comenzaran a modificar su legislación en el mismo sentido.
En septiembre de 2021, el Máximo Tribunal resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 en la que declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto y se pronunció en favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Sumada a las anteriores, la SCJN resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 54/2018 en la que estableció que las instituciones de salud deben contar con personal suficiente para garantizar el acceso efectivo a la ILE y que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando la vida o la salud de la persona usuaria estén en riesgo.
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En 2023, el Amparo en Revisión 267/2023 declaró la invalidez total de los Artículos 331 y 332, así como de porciones normativas de los Artículos 330, 333 y 334 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes reconocidos en la Constitución. Este fallo estableció que las instituciones federales de salud tienen la obligación de proporcionar servicios de aborto en todo el país y que las entidades deben modificar sus Códigos.
A pesar de dichos avances, "la despenalización del aborto voluntario en el Código Penal Federal no es una realidad y el derecho a la autonomía sexual y reproductiva de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar sigue siendo una deuda en 9 entidades federativas".
De abril de 2007 a junio de 2024, se han llevado a cabo 277 mil 268 Interrupciones Legales del Embarazo en el sector público de la capital del país, de las cuales, el 68% corresponden a habitantes de la Ciudad de México, 28% del Estado de México y un 4% a otras entidades federativas.
En cuanto al rango de edad, el 50% corresponde a mujeres y personas gestantes de entre 18 y 29 años. El 54% de las usuarias del servicio son solteras, 29% están en una relación de unión libre y 12% casadas.
En cuanto al método utilizado, el 80% ha podido interrumpir su embarazo solo con medicamentos. Desde julio de 2024, las estadísticas de ILE en la Ciudad están federalizadas, aunque los servicios siguen brindándose en las clínicas y hospitales de la capital.
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