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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso al Congreso de la Ciudad de México reformar el artículo 253 del Código Penal local para aumentar las penas por el delito de asociación delictuosa.
Actualmente se imponen de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a quien forme parte de una banda o de alguna asociación que tenga la finalidad de delinquir, por lo que Brugada planteó que se impongan de cinco a 10 años de cárcel y de 200 a dos mil UMAs, entre 22 mil 628 a 226 mil 280 pesos.
Adicionalmente propuso de 10 a 15 años de prisión, sin prejuicio de las penas que correspondan a otros delitos, a las bandas o asociaciones que participen en homicidios, feminicidios, extorsión, desaparición forzada, robo, narcomenudeo y operaciones con recurso de procedencia ilícita.
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“En todos los casos, la pena se aumentará en una mitad en contra de quien o quienes determinen o lleven a cabo funciones de administración, dirección, supervisión u organización de la asociación o banda”, precisa la propuesta.
En la exposición de motivos de la iniciativa se detalla que el incremento de las penas por el delito de asociación delictuosa es justificado toda vez que, considerando el criterio de proporcionalidad para la cuantía de las penas, ésta es consistente y congruente al que se ha previsto para la ofensa de bienes jurídicos similares.
Adicionalmente, se añade, el incremento de la pena se considera que es justo, necesario y útil para la sociedad, toda vez que, con datos definidos a través de carpetas de investigación, se estima que al menos el 10% de las personas detenidas se ha vinculado con un grupo o banda dedicada a la comisión del delito, lo que evidencia la necesidad de intervención del Estado para la prevención de los hechos que atenten contra los bienes jurídicos tutelados.
“Derivado de lo anterior, el incremento de la pena del delito de asociación delictuosa que se propone es considerado proporcional a la importancia social del hecho, sin ser exagerado o irracional en relación con la prevención del delito”, subraya el documento.
Se destaca que la propuesta establece una agravante respecto de quienes determinan, dirigen u organizan dolosamente a los integrantes de la asociación o banda para cometer un delito, por lo que se propone incorporar los supuestos de administración y supervisión a efecto de contar con parámetros claros para su investigación y sanción.
“En ese sentido, el vocablo ‘administración’, se refiere a la gestión interna y manejo de los recursos de la asociación o banda que permiten su permanencia y operatividad, y por su parte, la referencia a la voz ‘supervisión’, hace alusión a las labores de vigilancia y control en la ejecución de los delitos que realizan sus integrantes”, especifica la iniciativa.
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