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Bertha María Alcalde Luján asumió el cargo de fiscal General de Justicia de la Ciudad de México para un periodo de cuatro años, tras ser electa mediante un proceso democrático ante el Congreso capitalino y el Consejo Judicial Ciudadano.
A través de un comunicado, la FGJ señaló que el plan de trabajo de la fiscal se concentra en 7 puntos:
- Una atención de calidad que acerque la institución a la ciudadanía.
- Fortalecer el servicio profesional de carrera.
- Mejorar los procesos de investigación de los delitos.
- Optimizar la atención a víctimas y grupos prioritarios.
- Combatir los delitos relacionados con violencia de género.
- Eficientar el uso de tecnologías de la información para ampliar los canales y modalidades de denuncia.
- Reducir el rezago en la atención de casos e implementar mecanismos de evaluación del desempeño de las y los servidores públicos.
La FGJCDMX reiteró su compromiso con el combate a la impunidad y la corrupción, así como con la modernización de sus procesos para construir una institución más cercana, eficiente y transparente.
¿Quién es Bertha María Alcalde Luján?
Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la UNAM, maestra en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York y cuenta con una destacada trayectoria en el servicio público y el ámbito jurídico, especialmente en el área penal.
Ha ejercido como abogada litigante, docente en el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), así como asesora de diversas instituciones en la reforma del Sistema de Justicia Penal.
En su experiencia como servidora pública, ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan: abogada general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, comisionada de operación sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, más recientemente, directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Destaca su participación en el diseño institucional de la Guardia Nacional, la creación del Registro Nacional de Detenidos, la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el combate a la corrupción, y la ejecución de programas contra medicamentos falsificados y clínicas clandestinas.
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