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A un año de la muerte de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, por la caída de una grúa mientras realizaban la cobertura del festival AXE Ceremonia, el 5 de abril de 2025, el proceso legal por el delito de doble homicidio culposo está detenido; la audiencia inicial aún no se celebra por diversos recursos legales interpuestos, en el que se imputaría a tres empresas y ocho personas.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se tienen todos los elementos para proceder a la imputación; sin embargo, la audiencia inicial no se ha celebrado debido a que la defensa de la familia de una de las víctimas ha presentado algunos recursos legales para evitar que se lleve a cabo debido a que buscan que se impute a otras empresas.
“Esta fiscalía tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva, tampoco vamos a dejarnos presionar. Nosotros tenemos la información suficiente, identificadas las empresas, las personas que participaron”, aclaró la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, el 23 de marzo pasado, durante su informe mensual.
Aseguró que cuentan con los elementos para imputar a empresas y personas por su presunta responsabilidad, en distintos niveles, en la muerte de Berenice y Miguel. Los responsables directos, es decir, sociedades e individuos que colocaron la grúa que cayó y provocó la muerte de los jóvenes, y en un segundo nivel a quienes pudieran haber cometido omisiones.
Sin embargo, para la fiscalía no hay elementos para imputar a más empresas. “Consideran que hay otras empresas que están involucradas, empresas que a parecer de la fiscalía, no obstante ya tienen la calidad de investigados, no hay información que nos permitan realizar imputaciones”.

Exigen justicia
De acuerdo con Edwin Alan Piñón González, parte de la defensa legal de la familia Rojas Hernández, se han interpuesto más de 25 recursos para evitar que el proceso legal comience y con ello se vincule a proceso a las empresas y personas presuntamente responsables.
Para el abogado, si se vincula a proceso a empresas relacionadas con la organización del festival AXE Ceremonia, se sentaría un precedente en la materia.
“Para nosotros es un paso fundamental en la justicia y en la lucha de Miguel, pero también en el país. No hay un antecedente de empresas imputadas, digamos, organizadoras de festivales de música”, dijo.
Piñón González explicó a EL UNIVERSAL que han solicitado también se investigue a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, señaladas por la familia de Berenice como responsables, pero que no están en la lista de imputadas.
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Informó que hoy, la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández hará un evento afuera del Parque Bicentenario para exigir justicia.
Para la familia de Miguel Ángel la prioridad, a un año de la tragedia, es que la audiencia inicial se lleve a cabo, precisó Diana, hermana del fotógrafo.
“Nuestra prioridad para seguir en este camino y en este proceso, tanto legal como de duelo personal, es importante (...) que la audiencia inicial ya se pueda realizar, venimos peleando desde agosto que la solicitamos”, dijo al aclarar que para su familia la justicia sería la no repetición, la reparación simbólica y una indemnización.
“Nosotros queremos que la Ley General de Víctimas se haga valer 100%, que no nada más se reduzca a una cantidad millonaria porque lo hemos dicho: si fuera por dinero, si el dinero nos regresara a Miguel, qué mejor, pero ninguna cantidad nos lo va regresar ni ninguna cantidad equipara lo que valía y lo bonito que era como persona”.
Además, la familia Rojas Hernández presentó el pasado 17 de marzo, ante el Legislativo, una propuesta de ley para proteger a los periodistas que acuden a la cobertura de este tipo de festivales, para que cuenten con seguros obligatorios, protocolos de seguridad específicos para prensa, responsabilidad clara de organizadores y empresas respecto a las condiciones de cobertura periodística en festivales.
Señalan a más empresas
Por separado, Fabián Victoria, abogado de la familia Giles Rivera, informó que ha interpuesto varios recursos para impedir que la audiencia inicial se realice debido a que buscan que el Ministerio Público impute a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo.
“Ha sido tanta la violencia institucional, la denegación de justicia y el encumbramiento que las autoridades han realizado a favor de Ocesa y Seguridad Privada Lobo que nos han obligado a tramitar múltiples recursos, recursos que se han tramitado en el Poder judicial Federal, en el Tribunal de Disciplina Judicial, en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía capitalina, en el órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina, en la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, sentenció.
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El litigante aseguró que si el caso se manejara sin proteger a empresas no habrían recurrido a tramitar recursos, los cuales, dijo, han sido admitidos, han estado en proceso y han impedido que el proceso legal inicie.
Parque Bicentenario, opera con normalidad
Un año después de la tragedia durante el Festival AXE Ceremonia, el Parque Bicentenario, foro donde se llevó a cabo el evento, opera con normalidad, albergando a visitantes en medio de un ambiente familiar y con vigilancia.
El foro estuvo cerrado al menos 10 días después de los hechos. Mientras que el 23 de mayo de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se retiró la concesión del parque a la empresa Operadora de Proyectos NLP, quedando bajo el cuidado de la Secretaría de Cultura.

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