Algunas alcaldías se alistan y buscan asesoría de la Consejería Jurídica capitalina para aplicar correctamente las nuevas reformas a la Ley de Cultura Cívica que imponen arresto inconmutable de 24 a 36 horas a franeleros.
El 27 de agosto se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México las nuevas sanciones contra los viene-viene, las cuales entrarían en vigor en 30 días naturales, es decir, este jueves.
Ante esto, la alcaldía Benito Juárez solicitó capacitación a la Consejería Jurídica para lograr que las remisiones al Juzgado Cívico sean procedentes; de igual forma, pedirán a la dependencia que tenga la información necesaria para aplicar la reincidencia de los infractores y que se impongan las penas máximas de arresto inconmutable.
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“Los jueces cívicos han comentado en las reuniones de gabinete de seguridad que a la fecha no cuentan con esa base de datos. Nos comentaron que en esta iniciativa es necesario llevar a la parte afectada para su procedencia. Estamos buscando tener una reunión con la consejera para poder tener claridad en cada uno de estos comentarios, para que las reformas tengan vida y la palabra de la jefa de Gobierno se haga presente en su visión de orden de la ciudad”, informó la demarcación.
Al respecto, se consultó a la alcaldía Coyoacán, que refirió que se encuentran listos para remitir al Juzgado Cívico a los infractores que sean señalados.
En Cuajimalpa, el director Jurídico y de Gobierno, Guillermo Huerta Ling, comentó que la Ciudad de México está teniendo grandes problemas de movilidad y de ocupación del espacio público a causa de los franeleros.
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“Afortunadamente, en la alcaldía tenemos espacios muy reducidos en donde tenemos ya identificados a estos franeleros, pero, sin duda, vamos a aplicar la ley con todo rigor en acompañamiento con el cuerpo de seguridad de la Ciudad de México y la alcaldía”, sostuvo.
La demarcación Miguel Hidalgo comunicó que el tema está en revisión con su equipo jurídico.
La directora Jurídica de Iztapalapa, Sandra Cardona, aseguró que no se tomarán medidas extraordinarias, simplemente continuarán atendiendo las quejas ciudadanas al respecto.
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“Respetamos mucho el trabajo en la vía pública, siempre y cuando no abusen. No lo vamos a perseguir como tal, pero cuando haya denuncias vecinales, desde luego que las vamos a atender”, precisó la funcionaria.
Detalló que “nuestra función o la función de Policía Auxiliar prácticamente es llegar, detener a la persona, presentarla ante el juez y quien va a determinar el tiempo de esa sanción es el juez Cívico”.
Sobre la manera en la que se llevarán a cabo los operativos, comentó que en ocasiones se realizarán recorridos y en otras se atenderán las quejas vecinales.
“Si hablamos de cinco, 10 o 15 franeleros alrededor, es cuando se tiene que montar un operativo para poder hacer una remisión a todos con la Policía Auxiliar”, indicó Sandra Cardona.
El decreto publicado hace un mes establece que son infracciones especiales contra la seguridad ciudadana: apartar, con cualquier objeto, lugares de estacionamiento en la vía y espacio público; obstaculizar o impedir de cualquier manera el uso y goce de la vía y espacio público para estacionarse; exigir, de cualquier manera, a una persona la obtención de un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos, y aprovecharse indebidamente de la vía y el espacio público para obtener un beneficio.
Estas conductas se castigarán con arresto de 24 a 36 horas. El juez impondrá la sanción máxima de 36 horas cuando los franeleros exijan dinero para cuidar o permitir estacionar un vehículo.