Los bosques que unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua se transformaron en una zona de guerra invadida por minas terrestres ocultas en las montañas y explosivos artesanales lanzados desde drones y avionetas. La disputa interna del Cártel de Sinaloa no solo alteró la vida de las comunidades y desplazó a miles de familias, también provocó la peor temporada de incendios en los últimos 10 años.

En el primer semestre de 2025, más de 281 mil hectáreas de bosque ardieron en esta región de la Sierra Madre Occidental, una cifra superior a las 124 mil hectáreas registradas en el mismo periodo de 2024, y más de lo que se perdió durante todo ese año, cuando se incendiaron 130 mil hectáreas. El daño también rebasa las 170 mil hectáreas afectadas en todo 2023, un año considerado crítico por la sequía histórica que azotó a México. La magnitud del desastre de esta región contrasta con el resto del país, donde los números de dos años atrás aún no han sido superados.

La pelea entre grupos del Cártel de Sinaloa estalló en septiembre de 2024, con la ruptura de las facciones ligadas a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, e Ismael Zambada García, alias El Mayo. La confrontación inició después de una supuesta traición que habría facilitado la entrega de El Mayo a Estados Unidos. Desde entonces, la violencia ha dejado más de dos mil asesinatos, casi tres mil personas desaparecidas, desplazamientos forzados, pérdidas económicas por el cierre de negocios y caída de empleo en varias regiones del estado.

Habitantes de Sinaloa, Durango y Chihuahua entrevistados aseguran que varios de los incendios del último año comenzaron después de enfrentamientos armados y ataques con drones en lo profundo de los bosques. “Veíamos pasar el dron, luego se escuchaba la bomba, una explosión, y al ratito levantaba el humito y se prendía el bosque”, relata un poblador entrevistado en la zona serrana del sur de Sinaloa, en los límites con Durango.

Sandra Guido, directora de Conselva, Costas y Comunidades, una organización ambiental que trabaja en temas de conservación y desarrollo sustentable que tiene su base en Mazatlán, Sinaloa, explica que el tamaño de la devastación actual es resultado de varias circunstancias que se conjugaron con el contexto de violencia, como sequías prolongadas que dejaron el bosque seco y vulnerable, recortes presupuestales a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y a gobiernos locales, además de la reducción de programas de prevención y reforestación.

“La vegetación es más susceptible que cualquier asunto, llámese un vidrio o cualquier otro tema, te genere incendios con un alcance mucho mayor porque toda la vegetación está degradada”, explica la ambientalista.

Cuando la guerra estalló, el bosque estaba seco y listo para arder.

Pobladores y ambientalistas atribuyen el incremento en la extensión de los incendios a la falta de condiciones de seguridad para las brigadas forestales y los equipos de Protección Civil, que en repetidas ocasiones se negaron a ingresar a la zona por el riesgo de enfrentamientos armados. Su ausencia contribuyó a que el fuego se propagara.

Una habitante de la sierra de Concordia, al sur de Sinaloa, y brigadista contra incendios, recuerda que, en mayo de 2025, ella y su equipo se internaron en el bosque para abrir una brecha “corta fuego” y frenar el avance de las llamas, pero la explosión de una mina terrestre lanzó por los aires a uno de sus compañeros. La brigada tuvo que suspender su labor y retirarse por seguridad, mientras el incendio continuó propagándose durante más de 15 días.

“Cuando la mina estalló ya ni terminamos la brecha, dejamos todo y nos salimos del bosque. Si nosotros hubiéramos cerrado la brecha, ese fuego no se hubiera extendido”, cuenta la mujer que solicitó resguardar su nombre por seguridad.

La quema a la que se refiere fue la segunda más extensa de toda la década en esta región de la Sierra Madre Occidental. Entre finales de mayo y principios de junio de 2025, un solo incendio en la zona de Loberas, Concordia, arrasó con más de nueve mil 782 hectáreas de bosque, una extensión equivalente a 12 veces el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, o 29 veces el Central Park de Nueva York.

La devastación forestal en la Sierra Madre Occidental alcanzó más de 281 mil hectáreas afectadas en el último año.
Foto: Valente Rosas.

Sinaloa, pueblos en el abandono

Lupita espera en la cancha de futbol de la primaria de Chirimoyos mientras su esposo recibe atención médica por una úlcera estomacal que le ha provocado vómitos con sangre. Habla en voz baja y recuerda lo ocurrido dos meses atrás, cuando hombres armados retuvieron a su hijo de 15 años durante horas, le revisaron el celular y lo presionaron por información sobre la ubicación de campamentos rivales.

“No le hicieron nada pero se llevó un buen susto. Ahora casi no sale; me ayuda en la milpa. Vamos a sembrar y de regreso”, recuerda.

Es la mañana del sábado 30 de agosto y la escuela primaria de la comunidad funciona como clínica temporal. Las aulas cerraron hace casi un año por la violencia y hoy son consultorios. En la cancha donde antes jugaban los niños ahora hay sillas de plástico para recibir a los habitantes de Chirimoyos, La Petaca y El Cuatantal, tres poblados ubicados en la sierra del sur de Sinaloa, casi en los límites con Durango. Es la primera brigada médica organizada por Periferia Subversiva, un colectivo de Mazatlán que intenta cubrir el vacío dejado por las autoridades.

Los jóvenes se movilizaron a través de redes sociales, reunieron donativos y convocaron a médicos. Durante la jornada atendieron casos de diabetes e hipertensión; encontraron niños sin vacunas actualizadas y un agotamiento emocional marcado por depresión, ansiedad y enfermedades relacionadas con el estrés.

“La gente no se reconoce como víctima, pero todos refieren que están estresados por lo que está sucediendo. Su salud mental está muy afectada”, explica Mariela Reyes, médica rural que forma parte de las organizadoras.

Entre agosto y noviembre de 2025, el colectivo Periferia Subversiva realizó tres brigadas médicas en comunidades de la sierra. Todas sus actividades se mantienen de manera autogestiva.
Foto: Valente Rosas

En el último año la violencia desestabilizó por completo la dinámica de las comunidades. Los maestros dejaron los pueblos por los enfrentamientos y los médicos se marcharon luego de ser obligados a atender a los heridos de los grupos armados. La clínica comunitaria del IMSS Bienestar cerró sus puertas y no las ha vuelto a abrir desde entonces.

Cuatro aserraderos en donde trabajaba la mayoría de los pobladores fueron destruidos e incendiados para impedir que las facciones rivales tomaran el control de la producción maderera. Las tiendas de abarrotes vaciaron sus estantes y cerraron por orden de los armados que buscaban cortar el suministro al enemigo. La población quedó atrapada entre la escasez, la falta de servicios médicos y el temor constante.

“A todas las tiendas de los pueblos nos ordenaron cerrar. Fue porque los muchachos armados bajaban de los campamentos y llegaban aquí al pueblo a comprar comida. Tuvimos que deshacernos de todo”, suelta una tendera de Chirimoyos.

Fachada de una vivienda marcada con el emblema de un grupo criminal que controla la región. Sus habitantes fueron obligados a abandonar la comunidad debido a sus presuntos vínculos familiares con el grupo contrario. Foto: Valente Rosas.

Durante meses, drones sobrevolaron los bosques y lanzaron explosivos que encendieron las montañas. Los enfrentamientos intentaban frenar el avance de grupos enemigos. Los pobladores vieron el fuego avanzar entre los pinos sin que nadie pudiera detenerlo.

“Era bastante lumbre por todos lados y al mismo tiempo. Para donde volteara había incendios”, recuerda María Claudia, una habitante de Chirimoyos que acudió a la brigada por medicamentos para la hipertensión.

Ella misma participó de “lumbrera”, como llaman en el pueblo a quienes combaten los incendios. Uno de esos días de mayo, las llamas estaban por alcanzar las primeras casas de madera en la entrada del poblado. La comunidad entera se movilizó. Mujeres, hombres, jóvenes y niños salieron con picos, palas y rastrillos improvisados para abrir una brecha que frenara el fuego. Trabajaron dos días enteros pero las llamas no cedieron. La lumbre rodeó los cerros que resguardan los tres poblados. Durante semanas, las montañas ardieron sin que los pobladores pudieran hacer más que resistir y esperar.

Chihuahua, el despojo en la Sierra Tarahumara

En los municipios del sur de Chihuahua que colindan con el norte de Sinaloa y Durango, el acoso criminal contra la población indígena de la Sierra Tarahumara se ha recrudecido en el último año por la disputa interna entre tres grupos criminales del Cártel de Sinaloa.

Pobladores y activistas, que pidieron reservar su identidad por seguridad, cuentan que los armados incendiaron bosques como una estrategia para desplazar comunidades y apropiarse de los recursos forestales, especialmente de la madera.

En esta región destacan los incendios forestales ocurridos fuera de temporada. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, en los municipios serranos de Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Morelos y Urique se registraron 13 incendios atemporales que arrasaron con unas 600 hectáreas de bosque, una situación que no había ocurrido al menos en la última década.

Uno de estos incendios llegó desde Bacayopa, municipio de Choix, Sinaloa. Durante dos días grupos armados se enfrentaron. Algunos habitantes aseguran que uno de los bandos prendió fuego al bosque para expulsar a los rivales ocultos en la montaña; otros sostienen que el incendio inició tras la quema de vehículos en la carretera. Las versiones coinciden en que el fuego avanzó y cruzó fronteras estatales sin que nadie pudiera controlarlo.

“Los incendios de este año fueron por el crimen. En toda la Sierra Tarahumara se ha metido el crimen para apoderarse del bosque. Utilizaron drones para asustar a la gente que no hiciera ninguna denuncia contra ellos”, relata un poblador de Guachochi.

Los grupos armados han endurecido el control sobre estas comunidades: corrompen a las autoridades ejidales, se apoderan de la industria maderera y despojan a las familias de animales domésticos y alimentos.

Según el líder de una organización indígena de la sierra Tarahumara, la violencia se ha vuelto parte de la vida cotidiana.

“Si encuentran comida que están preparando, hasta eso se llevan; ahora para alimentarse andan pidiendo tortillas, y si no, mandan hacer tortillas a la fuerza. Quien se ponga rebelde es amenazado. Hace unos meses mataron a un indígena porque trató de defenderse del abuso que están cometiendo”, cuenta.

El miedo ha obligado a familias enteras a dormir en el monte para proteger a mujeres y jóvenes ante el riesgo de incursiones nocturnas y reclutamientos forzados, y otras familias han decidido huir a ciudades como Delicias, Chihuahua capital y Cuauhtémoc, que están a más de 400 kilómetros de sus viviendas.

La organización Consultoría Técnica Comunitaria A.C., que acompaña jurídicamente a comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, contabiliza tres desplazamientos masivos en el último año que coinciden con las zonas donde se registró el mayor número de incendios.

Entre septiembre y diciembre de 2024 más de 700 personas abandonaron poblados del municipio de Guadalupe y Calvo, y en junio de 2025 se reportó el éxodo de hasta tres mil habitantes del municipio de Moris.

“Las comunidades quedan en medio de esta violencia, no solo del fuego cruzado, también del acoso para que abandonen el territorio o para que jóvenes y hombres sean reclutados. Muchos huyen para protegerlos”, explica una representante de la organización.

Imágenes de explosivos artesanales decomisados por fuerzas de seguridad mexicanas. En el último año, en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, se han asegurado más de 5 mil 562 artefactos.
Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durango, la guerra desde el aire

A principios de noviembre de 2024, cuando iniciaba la batalla intestina del Cártel de Sinaloa, la sierra de Durango fue uno de los primeros territorios en sentir la crudeza de la violencia. Durante una semana, dos avionetas sobrevolaron los municipios de Tamazula y Santiago Papasquiaro, conocidos por ser refugio de la familia de El Mayo Zambada. Las aeronaves lanzaron bombas que estallaron en las montañas.

“Fue un temor muy feo, vino una avioneta a aventar cuatro bombas. Se estremecieron hasta las casas”, recuerda una vecina de Vascogil, un poblado de Santiago Papasquiaro.

La escalada de violencia se reflejó también en la cantidad de incendios que arrasaron esta zona de Durango. Más del 40% del fuego forestal de 2025 se concentró en los bosques de Tamazula, un extenso municipio que limita con Badiraguato, Culiacán y Cosalá, territorios de Sinaloa.

En mayo de 2025, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció que la cifra histórica de incendios estaba vinculada con la violencia que golpeaba la sierra.

“Lo voy a decir tal cual es: hemos tenido más incendios históricos en la zona de Tamazula, pegada a Sinaloa. Nosotros creemos que son incendios provocados por las estrategias de los mismos grupos. Por eso se nos han disparado este año los incendios forestales y las hectáreas dañadas”, declaró.

El consultor en seguridad, Alexei Chévez Silveti, explica que el empleo de drones, minas terrestres y explosivos artesanales revela la evolución de los grupos criminales y la adopción de tácticas y herramientas de corte militar.

“Lo que estamos viendo hoy en día es el uso de artefactos explosivos que tienen mucho más poder letal y de destrucción que una granada o una bomba artesanal, y esto es una carrera donde el estado mexicano va rezagado”, advierte.

El crimen organizado utiliza drones comerciales y agrícolas, cuyo costo oscila entre los 800 y 30 mil dólares, que en moneda mexicana va de los 15 mil a los 500 mil pesos. Originalmente, los drones le servían al crimen para acciones de vigilancia, pero hoy son adaptados para lanzar explosivos como C4 o Semtex, utilizados en la industria minera.

Mientras los grupos criminales perfeccionan sus herramientas de guerra, la sierra intenta recuperarse. Con la temporada de lluvias el bosque reverdece, pero las marcas de los incendios persisten en los troncos carbonizados y en el ánimo de las comunidades. El conflicto aún no ha terminado.