Los actos violentos en algunas de las más recientes protestas en la Ciudad de México ocasionaron cuestionamientos acerca del actuar de las fuerzas de seguridad y sus tácticas para manejar este tipo de episodios. Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advierten que la policía capitalina durante décadas ha probado ser ineficaz en la contención de violencia durante las protestas.
Por ejemplo, en la Marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre, las autoridades reportaron 100 elementos policiales y 20 civiles lesionados. Asimismo, se iniciaron 18 carpetas de investigación por posibles violaciones a protocolos, como el uso excesivo de la fuerza. En la marcha del 2 de octubre de 2025, el saldo fue de 94 policías y 29 civiles lesionados.
Las vallas, “símbolo de cierre al diálogo”
Para contener las movilizaciones del 15 de noviembre, la ciudad implementó una coraza de metal, vallas con una altura de hasta 3 metros a edificios y monumentos del primer cuadro del Centro Histórico, como Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. También se hizo uso de barricadas de concreto en los principales accesos al Zócalo capitalino.
La aparición de las barricadas se ha vuelto más recurrente en los últimos años ante la frecuencia de actos violentos, principalmente a partir de 2021, durante la marcha del 8 de marzo, cuando Claudia Sheinbaum fungía como jefa de gobierno de la CDMX en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
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El objetivo de los muros metálicos es proteger los inmuebles y monumentos de las personas que se manifiestan. Sin embargo, según Miguel Garza Flores, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), su uso puede traer un efecto contraproducente: “ahora que no pueden desquitarse con el patrimonio, por las vallas, se duplica la furia contra los primeros representantes del Estado que los manifestantes encuentran, es decir, la policía”.
“Las vallas actúan como una delimitación física y simbólica”, explica la Dra. Karla Guadalupe Olvera López, politóloga y socióloga de la UNAM, quien destaca que este tipo de estructuras representan un cierre del espacio público y de diálogo: “Mientras el gobierno justifica las vallas ante actos violentos, así mismo pareciera que está diciendo ‘No vas a pasar porque no te quiero escuchar’”, dice Olvera.
La utilización de vallas tienen origen en el sexenio de Vicente Fox, su objetivo era blindar la Secretaria de Gobernación de las protestas magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Estos cercos se continuaron implementando hasta el 8 de diciembre de 2018, cuando la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ordenó su desinstalación.
La evolución de las medidas de contención
El expresidente Lázaro Cárdenas creó el Cuerpo de Granaderos de la Ciudad de México a finales de los años treinta en un contexto posrevolucionario de protestas y manifestaciones. Su presencia quedó marcada en el Movimiento Estudiantil de 1968, donde participaron en la represión a los manifestantes.
Una táctica común de este grupo que se sigue utilizando es el cinturón de seguridad: encerrar con los escudos antimotines a un grupo de manifestantes, limitando su espacio de movilidad. Miguel Garza señala que el encapsulamiento puede generar mayor violencia por parte del grupo recluido, así como una “reacción de estampida” que puede ocasionar aplastamientos.
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Al asumir la jefatura de Gobierno capitalina en 2018, Claudia Sheinbaum desapareció el cuerpo de granaderos. Desde entonces, los grupos anti-manifestaciones se conforman por oficiales de distintas fuerzas de seguridad pública.
“El cambio de nombre, no ha traído un cambio en la realidad”, asevera Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México y Centroamérica. Los especialistas coinciden que las nuevas fuerzas de seguridad en protestas repiten sus errores: “están poco entrenados, mal supervisados, y poco proclives a la rendición de cuentas en casos de excesos en el uso de fuerza”.
Garza señala que es difícil atribuir responsabilidades cuando las autoridades ejercen violencia, porque la “cadena de mando”, que se origina de las directrices del superior hasta el policía en terreno, se diluye. "A veces, incluso se hace a propósito".
Un ejemplo de esto es la manifestación en Atenco, Estado de México, en el 2006, donde la policía federal y estatal del Estado de México reprimió a los manifestantes: “No se puede sancionar ni al secretario del momento, gobernador, ni a los mandos porque se diluyó la cadena, pero no supimos en dónde fue”. En otros casos, los elementos responden con más violencia tras aguantar los embates de manifestantes por tiempos prolongados.
Las autoridades han explorado otras tácticas con resultados mixtos. En 2019, Sheinbaum implementó los “cinturones de paz”, conformado por servidores públicos vestidos con camisetas blancas que acompañaban las marchas tomados de las manos. Algunos fueron agredidos. “Pusieron en riesgo a funcionarios de otras áreas, sin capacitación”, menciona Garza.
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En 2020 hicieron su aparición las “Ateneas”, mujeres policías que acompañaron la marcha del 8 de marzo. Según Miguel Garza, el diálogo entre las manifestantes y este grupo policial previo a la movilización ocasionó menos violencia.
Advierten falta de protocolos
Un grupo que ha tomado relevancia los últimos años por la violencia que desata en marchas contra fuerzas policiales es el “bloque negro”. Maldonado explica que el bloque utiliza la violencia como una forma disruptiva para comunicar demandas. Ernesto López Portillo, fundador del INSYDE, incluso sugiere que el bloque podría estar integrado por infiltrados que busquen deslegitimar las movilizaciones.
“No tienen consignas explícitas, su única identidad es la violencia”, asevera López, por lo que se vuelven grupos manipulados por algún actor de poder. El director de Artículo 19 sostiene que la falta de una investigación cabal por parte de las autoridades sobre la identidad de sus miembros y sus motivos dificulta una discusión pública sana y la prevención de actos violentos.
Para hacer frente a la violencia en las manifestaciones, los especialistas proponen dejar de utilizar elementos como las vallas metálicas y establecer un acercamiento que de legitimidad a las protestas, con el fin de que los manifestantes perciban un auténtico diálogo.
México se ha tardado en ajustarse a estándares internacionales en el uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, como los establecidos en los principios de La Habana en 1990 por la ONU. El país promulgó una Ley Nacional del uso de la Fuerza en México basada en estos principios 29 años después.
Maldonado subraya que incluso los protocolos de actuación policial más recientes, emitidos en 2023, no se aplican correctamente: “Toca un tema de capacitación, supervisión, monitoreo y rendición de cuentas”.
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Con base en la experiencia de otros países, Garza recomienda algunas medidas que ayuden a prevenir la violencia en las movilizaciones, como la colocación visible de un número en los uniformes de los agentes para identificarlos mejor o el marcaje con pintura a las personas responsables de actos violentos para investigarlos.
También sugiere el despliegue de dos tipos de policías: una encargada de multitudes y otra para la detención de personas por delitos flagrante. Además, recalca la importancia de un diálogo previo a la manifestación para minimizar el riesgo de enfrentamiento
Leopoldo Maldonado, enfatiza en el entrenamiento y capacitación de policías, así como crear organismos técnicos de supervisión independientes, porque “el problema es que se supervisan a sí mismos y no hay garantía de una mejora”.
La violencia y el sistema estructural por los cuales las personas se manifiestan, siguen sin resolverse; sin embargo, sí puede existir un cambio. “La policía tiene que estar preparada para intervenir de manera que garantice los derechos de las personas manifestantes”, expresa Maldonado.
Fotografías: Archivo General de la Nación, Carlos Mejía, Luis Camacho y Salvador Corona
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