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En un nuevo juicio, de 9 denuncian judiciales que pesan en su contra, el rector de la Universidad Autonoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina fue vinculado a un segundo proceso por el delito de ejercicio indebido de la función Pûblica, relacionado con las compras de 45 millones de pesos en tortillas para casas de estudiantes
Durante una larga audiencia, el Juez de Control, también, vinculó a proceso por el mismo delito, al exrector, Juan Eulogio Guerra Liera y a los miembros del Comité de Adquisiciones de la máxima casa de estudios.
Rector de la UAS compró a $60 el kilo de tortillas
En la audiencia que tuvo una duración extendida, la defensa de los imputados, refutaron los datos aportados por la representación social, en el sentido que las compras de las tortillas en época de pandemia de Covid-19, fueron sobre la base de 60 pesos el kilo, precio por encima de los valores del mercado.
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Los defensores legales de los funcionarios universitarios, esgrimieron que el ministerio pùblico tomaron como base, 703 CFDI que fueron emitidos en forma errorea y luego cancelados como lo establece la ley, por lo que los datos aportados no son reales, ya que las tortillas fueron adquiridas a un precio de 18 pesos el kilo.
El mes pasado, en la continuación de una de las audiencias, de nueve denuncias judiciales que pesan sobre el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, el juez de control lo vinculo a proceso por el delito de abuso de autoridad y le dictó medidas cautelares para que no pueda salir del país.
Durante la larga sesión celebrada en el mes de agosto pasado, el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastelum fijo un plazo de tres meses para la investigación complementaria, relativa a la carpeta de investigación por la denuncia presentada por la Auditoria Superior del Estado, por la negativa de las autoridades universitarios a ser auditados.
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Según la imputación, en tres ocasiones distintas, personal de la Auditoria Superior del Estado, solicitó la documentación del ejercicio fiscal del 2022 a la máxima casa de estudios, a lo que se negaron proporcionar e incluso dar acceso a la institución, bajo el argumento que no tiene facultades para ello, por ejercer recursos públicos federales.
En la continuación de la audiencia, en la que estaba citado, también, el apoderado legal de la institución educativa, Robespierre Lizárraga Otero, se tuvo que diferir esta, en virtud que su asesor jurídico no se presentó, al acreditar padecer un problema de salud.
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bmc
