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Cancún.- Un juez de Control de Playa del Carmen vinculó a proceso al exdiputado local y federal Emiliano Ramos, fijó tres meses para la investigación complementaria y le dictó prisión preventiva por su probable responsabilidad en delitos electorales, aun cuando no existía riesgo procesal aparente para justificar esa medida cautelar.
Conforme a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículo 7, fracción VII, a Ramos Hernández se le imputó el delito que consiste en solicitar votos a cambio de paga, promesa de dinero u otra contraprestación o pago por votar o abstenerse a sufragar por un candidato, coalición o partido político, durante la campaña, el día de la jornada o tres días previos a la misma. La penalidad de ese delito es de 21 meses de prisión o su conmutación por el pago de una multa.
La defensa del político expuso al juez Luis Ernesto Gabourel García que aún si le dictara sentencia, bastaría con conmutar la pena por el pago de la multa, por lo que no era necesario fijar prisión preventiva, pero el juzgador se negó, pues consideró que Ramos Hernández “representa un peligro para la denunciante”, es decir, para quien lo señala como presunto coordinador de la compra de votos.
La denunciante es Karina “Y”, una joven mencionada a su vez por Guadalupe del Rosario “N”, detenida el pasado 28 de mayo en un domicilio de la colonia Nicté Ha, en Playa del Carmen, acusada por la presunta compra de votos a través de tarjetas “a favor de una candidata a la presidencia municipal de Solidaridad”, cuya identidad no se ha hecho pública.
La defensa de Ramos Hernández objetó y señaló que Karina fue detenida y declarada sin abogado. Incluso, le informó que se encuentra en calidad de desaparecida o no localizable.
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La Fiscalía negó ante el juzgador que la mujer hubiese estado en calidad de detenida, aun cuando su nombre figura en el expediente declarando que “conoció” a Emiliano.
Las inconsistencias, contradicciones y situaciones ilógicas del caso, llevaron a concluir a la defensa del político que el juez de Control actuó en un “ejercicio abusivo de poder”, por presunta consigna, toda vez que la pena por la comisión del delito imputado no amerita prisión preventiva.
Tampoco existe riesgo de que se fugue, toda vez que de acuerdo con la evaluación hecha por la propia FGE, a través de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), la institución determinó que el nivel de riesgo para que Ramos Hernández se abstrayese de la justicia, era “medio”, “bajo un esquema de supervisión estricto”.
Otra de las irregularidades expuestas por la defensa es la negativa de la Fiscalía para permitir el acceso a un perito en grafoscopía a documentos que obran en la carpeta de investigación FGE/ QROO/ BJ/ 06/ 10870/ 2024, iniciada a Ramos Hernández por probables delitos electorales.
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“Esta carpeta armada al vapor para justificar la detención de Ramos, siendo el fiscal de la Mesa Mixta II en Playa del Carmen, Andy Farid Novelo May, quien está a cargo de la acusación, no permitió que una perito en grafoscopía pudiera acceder a un documento con evidentes firmas falsas; no obstante que existe una orden del juez de Control de que de él dé acceso”, indicó la defensa legal.
Ayer, tampoco se permitió a la perito acceder a la audiencia.
Mediante un escrito, los abogados de Ramos Hernández reiteraron que presuntamente se utiliza a “todo el aparato estatal para perseguir y acusar falsamente” a su cliente, quien a través de una carta abierta se declaró ayer un “preso político”.
Ramos Hernández manifestó en ese texto, difundido por su familia y abogados, que su caso es presuntamente “fabricado” y tiene origen en un asunto personal que involucra a su exesposa, la diputada local electa, Paola Moreno y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Heyden Cebada.
Consultada sobre los señalamientos hechos por el exdiputado, Paola Moreno dijo a EL UNIVERSAL que ella no tiene “absolutamente nada que ver con el tema legal que él enfrenta”.
“Sobre el otro tema que él relaciona, por respeto y amor a mis hijas me reservo comentarios, porque tampoco tiene nada que ver; a él lo detuvieron por un delito electoral”, expresó, al asegurar que ella nunca ha incurrido en tráfico de influencias, ni sacado provecho de su cargo dentro del servicio público.
afcl
