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Periodistas y asociaciones civiles de Veracruz reprobaron una resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que sancionó a un reportero por violencia de género por haber publicado una nota informativa, basada en resultados electorales, sobre el desempeño electoral de familiares de servidores públicos, incluyendo a una candidata.
Los integrantes del gremio periodístico calificaron como un acto de censura la resolución y la sanción, pues –expusieron- vulnera la libertad de expresión y sienta un precedente grave en contra del ejercicio periodístico.
La nota informativa publicada tras la jornada electoral de 2021, se basó en hechos verificables, sin expresiones ofensivas ni estereotipos de género y abordaba el desempeño electoral de familiares de servidores públicos.
Sin embargo, los magistrados de dicha sala especializada determinaron sancionar al reportero Ángel Camarillo, aplicarle una sanción económica e incluirlo en el padrón de violentadores, lamentaron en una carta abierta los periodistas, medios de comunicación, colectivos y ciudadanos.
“El señalamiento sobre vínculos familiares entre candidatos y funcionarios no constituye, por sí mismo, violencia política en razón de género”, aclararon.
Y denunciaron que la resolución descontextualizó el género periodístico y confundió una nota informativa con una opinión editorial.
Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los actores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social, y que la prensa cumple una función legítima al informar sobre asuntos de interés colectivo, como las elecciones y la postulación de familiares de funcionarios.
Además, criticaron que en el resolutivo del caso (SRE-PSC-8/2025), la Sala Regional Especializada atribuyera erróneamente la autoría del texto a otro periodista, lo que evidenció falta de rigor y seriedad del fallo.
La sanción, sentenciaron, podría ser entendida como un caso de SLAPP (litigio estratégico contra la participación pública), es decir, un uso de los mecanismos judiciales para inhibir la crítica o la cobertura informativa sobre temas sensibles para el poder.
“Imponer sanciones sin comprender las dinámicas del trabajo informativo, y sin considerar la desigualdad estructural entre quienes informan y quienes ostentan el poder, constituye un acto desproporcionado”, lamentaron.
LL
