Culiacán, Sin.- Un juez de control resolvió suspender temporalmente del cargo de Sindica Procuradora de Ahome, a Cecilia Hernández Flores “N” por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y por los cometidos por servidores públicos, con relación al caso del arrendamiento de 126 patrullas, por un monto de 171 millones de pesos.
La medida cautelar, se dio un días después de que se aplicó una medida similar a las regidoras del municipio de Ahome, Judith Elena Luna Castro y Marysol Morales Valenzuela, por la imputación del delito de desempeño irregular de la función pública, relacionada con el mismo caso, donde están involucrados el exalcalde, Gerardo Vargas Landeros y 9 exfuncionarios
Se conoce que durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, a solicitud de la Fiscalía General del Estado, se le modificaron a Cecilia, por considerar que de permanecer en el cargo representa un riesgo para la correcta conducción del proceso penal ya que podía influir en la administración de los recursos públicos.
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A esta funcionaria del ayuntamiento de Ahome, se le imputa haberse negado a proporcionar información sobre la celebración del contrato de arrendamiento de 126 patrullas, sin licitación pública, por un monto de 171 millones de pesos, en el primer periodo del alcalde desaforado, Vargas Landeros, en el trienio 2021-2024.
Un día antes de que se le fijara esta nueva medida cautelar, las regidoras de MORENSA, Judith Elena y Marysol, se les aplicó la misma medida cautelar, debido a que ambas, como miembros del Comité de Adquisiciones de la comuna, suscribieron el contrato de arrendamiento.
Las regidoras de MORENA, Judith Elena y Marysol, las cuales enfrentan un proceso judicial, al igual que el desaforado alcalde, Gerardo Vargas Landeros y nueve exfuncionarios de su primer periodo como presidente municipal (2021-2024), están imputadas por el tema del arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones de pesos, sin licitación pública.
El pasado nueve de julio, Vargas Landeros, luego de ser vinculado a un nuevo proceso, divulgó que volvió a vivir una audiencia de casi 10 horas, en una jornada marcada por nuevas violaciones procesales, que, en su momento, hará valer por las vías legales.
Puntualizó que fue nuevamente vinculado a proceso, por dos delitos que ya había sido imputado y estableció que pese a los dictámenes técnicos y financieros que demostró claramente que no hubo daño alguno al patrimonio público, se le sigue el juicio.
Gerardo Vargas Landeros, citó que el arrendamiento de las patrullas, se dio en medio de la pandemia de Covid, cuando había una escasez de vehículos, cuando la seguridad exigía respuestas inmediatas, por lo que el contrato representó un ahorro de 12 millones de pesos al erario público y la inseguridad descendió en un 47 %.
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