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Culiacán, Sin. A 26 de Abril.- Se solicitó que se abra un juicio de procedencia contra funcionarios del municipio de Ahome, por la contratación, sin licitar de arrendamiento de 126 patrullas, con un costo de 171 millones de pesos, por lo que el alcalde, Gerardo Vargas Landeros dijo que está tranquilo y tiene la conciencia limpia, ante un posible desafuero.
Afirmó que a lo largo de sus 43 años en la administración pública jamás ha tenido una circunstancia de uso indebido de funciones o recursos, por lo que seguirá actuando con honor y transparencia, como lo han certificado diversos organismos que le han otorgado menciones y distinguido con reconocimientos.
Vargas Landeros, al conocer que el Congreso del Estado recibió una solicitud de juicio de procedencia contra funcionarios de su gabinete y posiblemente contra de él para despojarlos de su fuero y encauzar acciones legales afirmó que continúa trabajando, puesto que su compromiso es con los ciudadanos de Ahome.
La auditoria Superior del Estado divulgó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al acreditar que el ayuntamiento de Ahome, suscribió un contrato de arrendamiento 126 patrullas, por un monto de 171 millones 451 mil pesos, sin licitación, bajo el argumento que se trató de una operación de emergencia.
A juicio de los auditores, este contrato celebrado con la empresa Grinleasing, no cumplió con las normas legales establecidas en la Ley de Adquisiciones, por lo que no se pudo acreditar que se trato de una operación de emergencia en seguridad para obtener motocicletas, cuatrimotos y camionetas.
En el actual sexenio del gobernador Rubén Rocha Moya (2021-2027), dos alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres han sido separados de sus cargos, por incurrir en prácticas similares de celebrar contratos sin licitar.
Jesús Estrada Ferreiro, en junio del 2022, fue desaforado por el Congreso del Estado, acusado de haber celebrado un contrato de arrendamiento de 40 camiones recolectores de basura, en el año, 2021, con un monto de 117 millones 600 mil pesos, sin licitar, por lo que este fue vinculado a proceso judicial.
Los juicios abiertos por esta operación, incluyó la imputación de cargos a la extesorera municipal, Issel Guillermina Soto, al exsecretario Othón Herrera y Cairo, al exdirector de Egresos y presupuesto, Raúl Alcántar Kondo y la exregidora Angelina Marisela Gutiérrez.
En el año 2022, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, solicitó licencia definitiva para separarse de su cargo, ante la denuncia judicial en su contra y del comité de adquisiciones, por la compra, sin licitar de dos mil 139 lámparas led, a un costo de 400.8 millones de pesos.
Como este fue incorporado como Secretario de Turismo al gabinete del gobierno del estado, obtuvo nuevamente fuero, al renunciar poco después al cargo, el Congreso del Estado, en sesión secreta, determinó que no procedía el desafuero, puesto que este ya no gozaba de inmunidad, por lo que fue vinculado a proceso, el cual aún continua.
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