San Luis Potosí.— Al poniente de la capital potosina aún quedan huellas de la tragedia que marcó uno de los episodios más oscuros de la vida nocturna en el estado, el desplome de un vidrio barandal en el bar Rich que cobró la vida de dos jóvenes, Manuel de 21 años y Roy de 17, y que también dejó ocho heridos más, dos de ellos con secuelas de por vida.

A 12 meses de la tragedia, la plaza Alttus intenta operar con normalidad; sin embargo, la sombra por la muerte de los jóvenes sigue ahí. Las escaleras están selladas con cinta amarilla que advierte que está prohibido el paso al tercer nivel, y en la parte más alta está el Rich con sellos de clausura en las puertas.

En el angosto pasillo hay trabajadores que dan mantenimiento e intentan arreglar los desperfectos que son visibles desde hace un año. Son más de 5 metros sin el cristal que colapsó y que hasta el día de hoy no ha sido repuesto.

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En la planta baja, conos y cinta amarilla enmarcan el lugar donde se impactaron desde una altura de 12 metros los jóvenes que esa noche sólo buscaban divertirse.

La actividad comercial prácticamente quedó sepultada junto a la tragedia de esa noche en la que el influencer Kevin Moreno reunió en un limitado espacio a más de 500 jóvenes, en su mayoría menores de edad. Personal de la plaza narran a que el lugar no ha logrado “reponerse de las muertes”.

“La gente no viene, los negocios cierran porque la gente no viene, porque saben que aquí se murieron los muchachos”. Y los pocos usuarios que acuden a los comercios sobrevivientes deben encarar la cruda imagen que revive la escena donde Roy y Manuel murieron.

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Lejos de esas huellas palpables, están las que, aunque no se ven, duelen más, esas que desde ese 7 de junio marcaron a la familia Infante y Espinoza que hoy intentan sobrellevar cada día la ausencia de Manuel y de Roy y que al mismo tiempo claman justicia porque aquello no fue un accidente, fueron omisiones que como consecuencia acabaron con los sueños y vida de sus hijos.

Ramón Infante, padre de “Meño” —como lo llamaban sus amigos—, en entrevista con EL UNIVERSAL comparte que ha sido un año en el que cada día le ha costado lidiar con que su hijo ya no está, y aunque desde el 17 de junio se capturó y permanecen en prisión tres personas (Nancy “N”, Francisco “N” y Ulises “N”) señaladas como presuntos responsables al ser los dueños y administradores de este bar que operaba con un permiso de restaurante, los verdaderos responsables siguen sin ser llamados por la justicia para “seguir cubriendo la cloaca” de corrupción que predomina en la vida nocturna de la entidad.

“Los únicos a los que se han llevado es únicamente a estos tres imputados, hoy acusados, pero los verdaderos responsables siguen aún fuera y algunos todavía en oficina, que realmente el día que sucedió la tragedia debieron de haberse separado del cargo para dejar que se hicieran las investigaciones correctamente”, comenta Ramón Infante.

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La indiferencia y la justicia que no llega

A un año de la muerte de Roy y Meño aún no existe sentencia en la primera de las carpetas de investigación en torno a este caso. Nancy “N”, Francisco “N” y Ulises “N” fueron capturados en Michoacán 10 días después de la tragedia, el 23 de junio fueron vinculados y actualmente están en medio del proceso penal que se encuentra en la fase intermedia.

Don Ramón relata que es imperante que se lleve ante la justicia a aquellos funcionarios de Protección Civil, Coepris, Comercio y Gobernación que por las omisiones permitieron que el Rich abriera sus puertas bajo la pantalla de restaurante cuando en el sitio “no se encontró ni un solo vegetal, únicamente alcohol”, pues asevera que era un lugar que “a todas luces operaba bajo la venia de las autoridades estatales y municipales”.

“No tienen por qué estar en el cargo, ante esta tragedia y después de haber firmado los permisos municipio, estado, Gobernación y Protección Civil. Ya que se dejen de simulación… Estos cuatro órganos gubernamentales son completamente responsables, deben de asumir esto que fue una comisión por omisión”.

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Fue hasta tres meses después, en septiembre de 2024 ante la exigencia social y de los padres de las víctimas, cuando el ayuntamiento determinó separar del cargo (de seis a 12 meses) a cuatro funcionarios de la Dirección de Comercio en cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

El duelo y secuelas de por vida

“Mi mayor maestro de la vida ya no está y aún después de ella [de la vida] me sigue dando lecciones”, detalla don Ramón con voz entrecortada mientras recuerda a su hijo Manuel de 21 años que acudió al Rich como parte de un festejo entre amigos.

“Como familia estamos tratando de reinventarnos en una resiliencia total y honrando la memoria de él y y luchando porque en nombre de esa memoria se haga justicia, que no sea en vano la falta tanto de Roy como de Manuel, como las secuelas que tiene Luca e Isabela y para proteger a las y los jóvenes que quieren y tienen derecho a salir a divertirse sin riesgos”.

Además de la muerte de Roy y Meño, otros ocho jóvenes más cayeron desde el tercer nivel, entre ellos, Isabella y Luca, quienes a consecuencia del impacto tienen secuelas de por vida.

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Luca, un joven francés y uno de los mejores amigos de Meño estaba esa noche también en el Rich, cayó junto a su amigo y actualmente enfrenta inmovilidad en diversas extremidades tras la caída.

Isabella, de 17 años, también se encontraba esa noche en el “antro de moda”, la caída para ella fue brutal. Tras varias semanas luchando por su vida, al paso de los meses logró abandonar el hospital; sin embargo, no de forma definitiva pues en un año ha sido sometida a 15 cirugías de 17 distintas especialidades, y su alta no ha sido dada, puesto que el daño es irreversible.

Aunado a esto, Isabella y su familia se han encontrado con la revictimización e indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) encabezada por Miguel Ángel García Amaro, pues este organismo dispuso un fondo para las víctimas del caso; sin embargo, no ha otorgado a la familia de la joven los documentos de prueba, expedientes y dictámenes para dar constancia de la condición médica que presenta para que así la carpeta de investigación siga su curso.

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A un año de la tragedia, el ayuntamiento capitalino orillado por la insistente exigencia de los padres de las víctimas, finalmente en sesión de Cabildo aprobaron modificar el reglamento de comercio para cancelar de forma definitiva las licencias a los establecimientos que permitan el ingreso a menores; sin embargo, Ramón Infante sentenció que una vez más se trata de “una simulación y un reglamento a modo para continuar con la corrupción”.

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