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El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó revocar la constancia de mayoría al abogado Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, que lo acreditaba como magistrado electo de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ello al considerar que hubo un conflicto de intereses por parentesco de afinidad en primer grado.
Y es que el candidato ganador y virtual magistrado es esposo de la actual consejera del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, María Fernanda Sánchez Rubio, por lo que el tribunal revocó su triunfo, y se lo otorgó a la candidata Adriana Morales García, quien se ubicó como la segunda candidata más votada con 234 mil 891 votos.
Dicha resolución, que contó con dos votos a favor y uno en contra, aún puede ser recurrida ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Fue durante sesión del tribunal cuando se resolvieron los juicios presentados por dos aspirantes a magistrados que demandaron la nulidad de la elección y la revocación del acuerdo que daba como ganador a Máximo Lozano Ordóñez, esposo de la consejera.
Durante la discusión, los magistrados determinaron desechar la petición de anulación de la elección judicial estatal del pasado primero de junio a pesar de las irregularidades en el conteo de votos, pero consideraron que había elementos para revocar el triunfo de Jonathan Máximo Lozano Ordóñez.
Determinaron que hubo conflicto de interés entre una consejera y el candidato electo, así como la vulneración de la legitimidad, democracia y paridad flexible, pues la consejera María Fernanda Sánchez Rubio no se excusó de participar de todas las sesiones de la organización del proceso electoral judicial.
La magistrada Tania Celina Vásquez, quien se había manifestado en contra del proyecto de revocación, se manifestó también en contra de que la nueva constancia de mayoría se entregara a una mujer.
Recordó que Lozano Ordóñez compitió contra otros cinco candidatos, en tanto que había tres candidatas mujeres.
“Mi postura siempre ha sido en pro de las mujeres y los derechos (…) sin embargo, el acuerdo que se vota no dota de certeza jurídica de quienes participaron en el proceso extraordinario, hay una incongruencia al alterar las reglas cuando ya se tiene los resultados”, dijo.
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