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Zacatecas.— Tras el pronunciamiento que emitió el Movimiento Feminista de Zacatecas al terminar la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en el que manifiestan que no aceptan las disculpas públicas del gobierno estatal por los actos de represión policial ocurridos en la movilización del año pasado, debido a que no se hizo apegado a los protocolos, existe la posibilidad de que nuevamente los organismos de derechos humanos hagan un llamado al gobernador David Monreal a que se cumpla con este mandato.
El pasado 16 de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 272/2024 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, así como al ayuntamiento capitalino, tras acreditarse que 17 mujeres que participaron en la manifestación del 8 de marzo (8M) de 2024 en la Plaza de Armas fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.
En la recomendación se emite la exigencia de ofrecer una disculpa pública a las víctimas en un plazo máximo de seis meses.
Al cumplirse casi tres meses de que el gobierno estatal aceptó dicha recomendación, el pasado viernes, un día antes de que se realizara la marcha 8M de este año, a través de las redes sociales el primero en emitir una disculpa pública fue el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Valera.
Horas más tarde, el gobierno estatal también publicó un video con una duración de 6:39 minutos, en la que el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, sin el uniforme policial y sólo con una playera con los logos de la SSP, emite una disculpa institucional y menciona que con dicho “acto no se pretende reparar lo irreparable, pero sí dar un primer paso en el camino a la no repetición”.
En el mensaje, señala que los hechos ocurridos “no deben dejarse en el olvido” y afirma que se escuchó a las víctimas, quienes han obligado a realizar “acciones concretas, donde la arbitrariedad y el uso desmedido de la fuerza policial no puede tener cabida en un Estado de derecho”.
Sin embargo, el Movimiento Feminista en su posicionamiento mencionó que no las aceptaban, porque no cumple con el protocolo: “Una disculpa pública y sin público no vale, [el funcionario] escondido tras una cámara (…) la simulación con la que operan las autoridades nos coloca en una situación de riesgo, ya que no existe transparencia ni comunicación hacia la ciudadanía sobre las acciones institucionales para garantizar el respeto a nuestro derecho a la protesta”.
Los protocolos de la CNDH establecen que la disculpa pública se debe acordar con las víctimas y sus representantes; por ende, se debe acordar lugar, fecha, modalidad y personas involucradas.
