Rechazan colectivos censo de personas ausentes

Colectivos de familiares de personas desaparecidas de Zacatecas, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Morelos e Hidalgo expresaron su rechazo al nuevo censo de desaparecidos emitido por el gobierno federal el pasado 14 de diciembre, el cual sólo puede confirmar la desaparición de 12 mil 337 personas en todo el país.

Con manifestaciones en varios edificios públicos y bloqueos de carreteras, cierre del acceso al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, así como ruedas de prensa y comunicados en sus redes sociales, los colectivos exigieron que los gobiernos federal y estatales busquen a las más de 110 mil personas desaparecidas, incluyendo menores.

En Zacatecas, con mantas y fichas de búsqueda de sus desaparecidos, y al grito de “¡¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?!, ¡Hijo escucha, tu madre está en la lucha!, los integrantes de varios colectivos acudieron a manifestarse afuera del Palacio de Gobierno, en la Legislatura local, en la Plaza Bicentenario, mientras que otro grupo de manifestantes acudió a realizar bloqueos intermitentes en el crucero vial de San Fernando, sobre la antigua carretera panamericana que conecta con el municipio de Calera y Fresnillo.

Algunas de las madres buscadoras expresaron que “la puñalada que nos ha dado el Presidente no la vamos a perdonar. Que nos desaparezcan a nuestros desaparecidos no los vamos a permitir”.

En Reynosa, Tamaulipas, familares marcharon por las calles de la zona centro y se enfilaron hasta el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, donde cerraron el acceso.

“Rechazamos todas las declaraciones que ha hecho de nuestros desaparecidos, no sabemos de alguna madre que diga ‘a mi hijo ya me lo regresaron’, no son cifras y seguiremos manifestándonos hasta que se haga justicia”, señaló Edith González, líder del colectivo Amor por los Desaparecidos.

Expresó que la falta de transparencia en las cifras dadas a conocer viola los principios establecidos en la Ley General de Víctimas, representa ausencia de protección, se criminaliza a las víctimas, además de que se descalifica la lucha que realizan las familias.

En Coahuila, colectivos de familias de personas desaparecidas consideraron una “ofensa” y un “horror” los resultados del informe.

“Es una falta de profesionalismo, ética y humanismo ante el dolor que tenemos las familias”, criticó Silvia Ortiz, representante de Grupo Vida.

En tanto, colectivos de familiares en Jalisco y Nayarit señalaron que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como sus subalternos desconocen la obligación que tienen para investigar a través de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales.

“¿O acaso creen que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones?”, cuestionaron.

En Morelos, desde el memorial de víctimas, en la puerta del Palacio de Gobierno, madres buscadoras recriminaron el informe.

“No entendemos su lógica ni sus cifras. No entendemos en qué mundo vive”, expresaron.

En Hidalgo, el colectivo Hasta Encontrarte lamentó la falta de atención de los gobiernos, y que no exista una verdadera intención de revertir este delito.