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Cancún.- El Congreso de Quintana Roo avaló la madrugada de hoy, el decreto que le fue turnado por la Cámara de Diputados, por el cual se reforma el artículo quinto de la Constitución mexicana en materia de Guardia Nacional , para extender al 2028 la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública.
Como parte del quinto punto del orden del día, correspondiente a la sesión 20 del Congreso, instalada a las 4:06 horas de hoy, se dio lectura al decreto que debe contar con el aval de al menos 16 Legislaturas locales para surtir efectos.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mildred Ávila, solicitó que el tema se atendiera de obvia y urgente resolución en la misma sesión, debido a su trascendencia.
Con un total de 21 votos a favor y dos en contra, se aprobó que la minuta de decreto se atendiera como de urgente y obvia resolución y se sometió a votación del pleno.
La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cinthya Yamilie Millán Estrella, fue de las que votó en contra de que se atendiera como asunto de obvia y urgente resolución y de que se avalara.
Dijo que el gobierno federal ha incumplido la promesa de no militarizar al país y reprochó que lo que va del sexenio no ha sido suficiente para diseñar una mejor estrategia para garantizar la seguridad de las y los mexicanos y por eso se recurre a “la militarización de la Guardia Nacional”.
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“Acción Nacional no está en contra de las fuerzas armadas”, aclaró, al resaltar la labor del Ejercito, sobre todo en labores de rescate ante desastres naturales; pero sostuvo que sí se oponen a la política de militarización impuesta por el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador , “que ha ocasionado el desgaste injusto de las fuerzas armadas, poniendo en riesgo su honorabilidad y prestigio”.
A las 4:44 horas la minuta fue aprobada por mayoría, con 21 votos a favor y dos en contra.
Ávila explicó que de este modo se avala la reforma constitucional para ampliar al 2028 el plazo del presidente para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de forma fiscalizada, regulada, subordinada y complementaria.
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El mandatario federal en turno queda obligado a presentar un informe semestral para evaluar los resultados de su estrategia, y se crea una comisión bicamaral que dé seguimiento a la incursión del Ejército en temas de seguridad pública.
Además los gobernadores deben emitir un informe de evaluación sobre el Programa de Fortalecimiento de las policías, dirigido al Congreso y al Consejo de Seguridad Nacional.
Adicionalmente, a partir del 2023, López Obrador tendrá que crear un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para fortalecer a policías locales.
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