Cancún, Q. Roo.- Con la finalidad de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes que, en Quintana Roo, quedan en estado de orfandad ante el feminicidio de sus mamás, se presentó una iniciativa ante el Congreso del estado que propone brindarles asistencia psicológica, social y educativa, además de resguardo.
La iniciativa fue presentada el pasado 30 de octubre por la presidenta de la Comisión de Justicia, Paola Moreno, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, el 19 de noviembre.
Moreno Córdova explicó que la iniciativa busca “salvaguardar a niñas, niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad por un feminicidio, es decir, que mataron a su madre”, expuso la legisladora, en entrevista.
Se proponen en la iniciativa, reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, adicionando una fracción XXIII al artículo 12 y los artículos 87 Bis, 87 Ter, 87 Quater y 87 Quinquies en un capítulo vigésimo tercero de dicho texto legislativo, para efectos de reconocer la situación de orfandad de las y los menores de edad como víctimas indirectas del delito de feminicidio y, por tanto, establecer su derecho a la protección.
“Se establecen lineamientos claros para la atención inmediata de los menores en situación de orfandad por feminicidio, asegurando una respuesta rápida y efectiva que contemple su situación particular.
“Estos lineamientos deben proporcionar la atención médica, psicológica y jurídica con el propósito de identificar el estado de salud, emocional y legal en la que se encuentran después del hecho delictivo que los puso en situación de orfandad”, se lee en la iniciativa consultada por EL UNIVERSAL.
Lo anterior incluye garantizar la reparación integral del daño de los menores y lograr su integración social aún cuando ya haya finalizado el proceso de atención.
“Se busca generar un apoyo integral y un seguimiento puntual que garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad.
En pocas palabras, cuando un niño, una niña, matan a su mamá, llega la Fiscalía, cuáles son los protocolos que deben seguir, desde una atención de salud, saber que el niño está bien; desde una atención jurídica, con quién se va a quedar esa niña o niño, porque muchas veces quedan hasta en manos del feminicida”, detalló Moreno Córdova.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el feminicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo. Este crimen en razón de género, no conoce fronteras y afecta a mujeres de todas las edades, estratos económicos, razas, credos y culturas.
El Sistema del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consigna que, del 2015 al 2024, se denunciaron 7 mil 851 feminicidios en México.
En 2024 la cifra alcanza hasta el momento, 523 casos, de los cuales, seis se cometieron en Quintana Roo.
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Entre las víctimas, hay madres que dejan en estado de orfandad a niñas, niños y adolescentes, lo que les coloca en una situación de alta vulnerabilidad en todas las esferas de su vida.
“Es muy importante saber si tienen una red de apoyo, si no, poder vincular con la Procuraduría de Infancias para que se pueda resguardar a la niña o niño en lo que se da toda la investigación procesal; el brindar apoyo psicológico, esta contención, porque es un impacto tan fuerte el que viven nuestros niños y niñas ante esta lamentable situación.
“También la cuestión jurídica, la red de apoyo, si lo tuviera, porque vivimos en un estado en donde la población es muy flotante, donde muchas veces las mujeres vienen solas con sus hijos o aquí generan familia y no tienen esa red de apoyo”, detalló la legisladora, quien convocó a organizaciones civiles a enriquecer la propuesta.
En 2020, la entonces titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (Ceaveqroo), Karla Rivero, impulsó la creación de un Programa de Reparación de Daño a víctimas indirectas de feminicidio, algo inédito en la entidad.
Hasta noviembre de 2020 habían registrado a 50 niñas, niños y adolescentes en ese fondo, que cubría la dotación de medidas educativas y alimentación permanente, además del seguimiento legal de los casos.
Sin embargo, con el cambio de gobierno y la salida de Rivero de la institución, en 2022, se desconoce si el programa siguió, se interrumpió o fue eliminado.
LL