Por irregularidades han cesado a 350 en Migración

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Nuevo Laredo.— Tras una revisión del desempeño de los servidores públicos, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha dado de baja a 350 empleados, entre ellos al delegado de Reynosa, Inocencio Almazán Monroy, por presuntos abusos contra migrantes, a quienes cobraba 3 mil 500 dólares para evitar su deportación.

El comisionado del instituto, Tonatiuh Guillén López, informó en entrevista con EL UNIVERSAL que el cese de los funcionarios ha sido por diferentes motivos y que ese proceso de renovación continuará.

El proyecto general es que el instituto tenga una mejor calidad en sus servicios: “Que terminemos con rezagos, que modernicemos nuestros procesos migratorios.  La idea de modernización no es solamente para ser más eficientes, sino para dar certidumbre de nuestros servicios y que se abata cualquier espacio donde la corrupción pueda tener un lugar”.

Ese conjunto de reformas, indicó, “es un esfuerzo no sólo para la frontera, sino para todo el país”.

El comisionado destacó que en tres meses, el instituto ha entregado 17 mil 22 tarjetas de visitante por razones humanitarias, las cuales permiten a extranjeros recibir atención médica, servicios educativos y transitar por México un año. Se trabaja, dijo, en congruencia con la nueva política migratoria, por lo que de 2012 a 2018 el instituto tiene un registro de 35 mil 195 tarjetas entregadas.

“A partir de diciembre del año pasado, con la experiencia que tuvimos en Tijuana, donde se regularizó a través de esta tarjeta a 2 mil 700 personas, aproximadamente, se hizo también en Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde casi 13 mil tarjetas fueron entregadas. Tenemos alrededor de 2 mil más que se han estado entregado en el albergue en la Ciudad de México”.

Lo que se busca, dijo, es seguir desarrollando un instrumento que les permita identificar a quienes transitan por México.

Guillén López informó que los extranjeros que más han solicitado este documento son hondureños, salvadoreños, venezolanos y guatemaltecos. Destacó que la política migratoria del gobierno se basa en el respeto de los derechos humanos y en la promoción del desarrollo socioeconómico, y que es así como se ha trabajado en la atención de las personas que viajan en las caravanas procedentes de Honduras.

La tarjeta se entregará en Tegucigalpa, Honduras; en San Salvador, El Salvador, y en Guatemala, “de tal forma que sea un recurso accesible desde lugares de origen y que nos permita una evaluación más cuidadosa de los criterios de razones humanitarias”.

El segundo instrumento, explicó, tardará un poco más en implementarse, ya que requiere una refirma de la Ley de Migración: “Es entregar las tarjetas de visitante regional y de trabajador fronterizo en estas ciudades (...), será un instrumento para que la movilidad de las personas de la región norte de Centroamérica pueda ser más amplia y, sobre todo, regular hacia el sur de México”.