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Cuernavaca, Mor.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, señaló que podría haber más alcaldes involucrados con grupos delincuenciales, como se reveló en días pasados con los ediles de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, respectivamente.
“Creo que si esta situación está llevando al menos a dos alcaldes, que están siendo investigados, la situación podría aumentar”, indicó el jefe policiaco.
Corona Damián y Toledano Amaro fueron captados en video en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, considerado líder del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos.
Por la mañana, en la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó el inicio de una carpeta de investigación con la Fiscalía General de la República.
Por separado, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se pronunció por el inicio de una investigación contra los 36 alcaldes de Morelos para garantizar que no haya colusión con los grupos delictivos, pero que sea imparcial y no con tendencia política.
El alcalde señaló que se deben presentar las pruebas jurídicas ante dicha acusación, pues de lo contrario se trataría de señalamientos infundados.
En su opinión, el hecho de separarlos del cargo “aún cuando no se tiene la certeza de que, efectivamente, se encontraban en una reunión con personas del crimen organizado”, sería solo desestabilizar instituciones.
Más adelante consideró que también se debe investigar a los mandos policiacos, porque si se requiere un cambio en el país se debe evitar la colusión entre autoridades y delincuentes.
Urióstegui Salgado afirmó que cualquier tipo de denuncia que vincule a una autoridad con grupos delictivos debe ser investigada a fondo.
Lo anterior, luego de que los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan, Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, respectivamente, fueron videograbados en una reunión con un presunto líder criminal.
En este sentido, Urióstegui Salgado, consideró que la imagen que se difundió en redes sociales no es una prueba jurídica suficiente para separarlos del cargo.
Dijo que la investigación debería determinar con claridad si hay un vínculo o no de los ediles con la delincuencia, y si lo hay, que proceda una sanción y si no que se haga público que eso no existió.
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