Chilpancingo.— En Guerrero, a hombres y mujeres los desaparecen todos los días, se acumulan, no paran de desaparecerlos. Ninguna autoridad los busca, y el escenario se vislumbra peor, pues los diputados de la actual legislatura no hallan dos iniciativas de ley en materia de desaparición forzada.
El 12 de marzo, Socorro Gil Guzmán, representante del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero. Con la foto de su hijo Jhonatan Guadalupe Romero en el pecho, quien el 5 de diciembre de 2018 fue desaparecido por policías municipales de Acapulco cuando iba a jugar futbol a las canchas de la CROM, a un costado del Malecón, cuestionó: “¿Qué han hecho ustedes por las familias de las víctimas?”
Continuó: “No han querido aprobar la Ley General de Desplazamiento Forzado, nos niegan los recursos y nos niegan las búsquedas”. Ningún diputado se atrevió a responder. Minutos antes, Gil Guzmán participó en una reunión con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, quien les confesó que las dos iniciativas presentadas en 2019 y en 2021 estaban desaparecidas, que no las encontraban por ningún lado.
Ambas propuestas fueron elaboradas con aportaciones de los colectivos y de la Cruz Roja Internacional, y presentadas con Morena siendo mayoría en el Congreso.
Socorro Gil indicó que su hijo ha sido desaparecido en tres ocasiones: la primera, cuando lo detuvo la Policía Municipal; la segunda, cuando la Fiscalía General del Estado perdió su expediente, y la tercera, cuando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jhonatan fue borrado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Ocho años de retraso
En noviembre de 2017, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Desaparición Forzada. En un transitorio se estableció un plazo de seis meses para que los Congresos locales homologaran sus constituciones.
En el Congreso de Guerrero eso no ha ocurrido, no lo han homologado, sino todo contrario, lleva ochos años de retraso y perdió dos iniciativas.
“Tenemos que pedir varillas prestadas, palas, picos para ir a buscar porque no tenemos el dinero que nos hace falta. No estoy aquí por gusto, el estado me obligó a buscar a mi hijo, a hacer el trabajo que les toca a las autoridades”, aseveró Socorro.
En esa reunión, Araceli Ocampo le dijo a los familiares de desaparecidos que tendrán que comenzar de cero.
A la pregunta de si “cree esa versión de que están perdidas las dos iniciativas? la madre buscadora respondió a EL UNIVERSAL: “No sé si están perdidas o no, lo que creo es que no tienen coordinación entre los diputados, porque si la legisladora sabe, si se le informó que ya había una iniciativa iniciada, por qué no preguntó, por qué no buscó a la anterior presidenta de esa comisión. La verdad es que cada quien trabaja por su cuenta, por su lado, cada quien hace lo que quiere. No están coordinados para dar atención. No van todos hacia el mismo rumbo.
Recuerda que Araceli Ocampo fue tajante en que inicie de cero la iniciativa, pese a que el Congreso local tiene un retraso de ocho años: “En la reunión, varios compañeros le enseñaron el PDF de las iniciativas, pero ella dijo que no existían. Insistió en que no existía y que se comenzaría en cero, que ella tenía una propuesta y nos dio una copia”, indicó.
Por lo menos una de las dos iniciativas sí existió. El 6 de junio de 2023, la expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guerrero, Nora Velazquez, posteó en sus redes sociales un mensaje en el que afirmó que se reunió con Alan García Campos, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para darle seguimiento a la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada.
Necesidades ”son concretas”
David Molina Rodríguez, representante del colectivo de Familiares Desaparecidos Lupita Rodríguez, continúa la lucha de su madre Guadalupe Rodríguez Narciso, quien buscaba a su hijo Josué, desaparecido desde el 4 de junio de 2014.
Debido a esto, le ha tocado estar muy cerca en la construcción de la Ley de Desaparición Forzada de Personas en Guerrero. David Molina explica que los diputados tienen que “tropicalizar” la ley, adaptarla a las necesidades del estado. Las necesidades que se requieren, dice, son concretas: un Centro de Identificación Humana; la autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Ambas dependen de la Secretaría General de Gobierno del estado.
Estas propuestas, que estaban incluidas en las iniciativas perdidas, requieren reformar el entramado jurídico y presupuesto. El activista considera que una de las resistencias de los diputados es, precisamente, la construcción del Centro de Identificación Humana, que de realizarse requerirá de una gran inversión.
“En Coahuila, hace dos años se construyó uno, costó unos 140 millones de pesos; en Tijuana están construyendo otro y presupuestaron 160 millones”, explica.
A la pregunta de si es mucho presupuesto, aclaró que no, aunque eso sólo es para construcción. Viene el equipamiento, hay aparatos para la identificación de personas que cuestan unos 2 millones de pesos. A eso se le suma el mantenimiento, que implica un presupuesto constante pero necesario ante la crisis que estamos viviendo.
Detalla que en la iniciativa que presentaron se plantea que el Centro de Identificación Humana sea operado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero para que eso ocurra se necesitaría una reforma a la fiscalía, que tiene el monopolio de la investigación.
Advierte que tanto la Comisión Estatal de Búsqueda, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas deben ser autónomas en decisiones y presupuestalmente.
“Hay ocasiones en que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no tiene ni para la gasolina, el excomisionado Arturo Solís Felipe puso de su bolsa para una búsqueda porque la Secretaría General de Gobierno no les transfiere el presupuesto”, revela.
Hace un mes, Arturo Solís renunció al cargo —según trabajadores de la comisión— por falta de apoyo del gobierno, y pese a la crisis de desapariciones que vive Guerrero, la comisión está sin titular; apenas nombraron como encargado de despacho a Alejandro García Solorio.
Un futuro incierto
En Guerrero, según cifras oficiales, hay por lo menos 2 mil 500 personas desaparecidas.
Teodomida Rosales, directora del Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), lo dice claro: “Los familiares de las personas desaparecidas en Guerrero están solas.
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“La pregunta es: ¿Quién está buscando a los desaparecidos?, ¿En verdad estas leyes e instituciones están haciendo su trabajo? Claro que no, estamos hartos de la ineptitud del gobierno, hartos de tener que insistir en que hagan su trabajo. Hoy nos damos cuenta que los familiares de los desaparecidos están solos”, dijo.
Explica que el hallazgo en el rancho Izaguirre, en Jalisco, ocurrió pese a que en ese estado ya se cuenta con una ley de desaparición forzada y con protocolos de actuación.
“Qué nos espera en los estados donde esa ley aún no es aprobada, como en Guerrero, donde los diputados manifestaron que desconocen la existencia de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aduciendo que están perdidas”, concluye la activista.