Piden juzgar en México a ex góber sustituto

Torreón.— La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto a otras organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que se juzgue al ex gobernador de Coahuila, Jorge Torres López, por delitos de asesinato, desaparición y tortura, antes de ser extraditado a Estados Unidos.

A través de un comunicado, la FIDH refiere que permitir que Torres López sea extraditado a Estados Unidos constituye una afrenta a los familiares de los centenares de desaparecidos, casos que ocurrieron en 2011 en Coahuila, año en el que Torres fue gobernador sustituto, tras suceder en el cargo a Humberto Moreira.

“Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”, se lee en la petición.

La FIDH recordó que en 2017, con el apoyo de más de 100 organizaciones, publicó y envió a la Corte Penal Internacional el informe México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. En el informe se identificó la existencia de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades estatales responsables de la seguridad con el cártel de Los Zetas, en un contexto de innegable colusión.

En 2011 —su año como gobernador sustituto— se cometió la llamada masacre de Allende, por parte de Los Zetas, que asesinaron a entre 60 y 300 personas.

“La evidencia identificada sugiere que Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las autoridades”, refiere el comunicado.

Además, bajo su gestión, la prisión de Piedras Negras se mantuvo como centro de operaciones de Los Zetas, donde los cuerpos de al menos 150 personas asesinadas habrían sido quemados o disueltos en tambos con ácido.

Por dichos motivos, la FIDH solicitó al gobierno mexicano no extraditar a Jorge Torres —detenido el 5 de febrero en Puerto Vallarta— y abrir una investigación “seria, imparcial y eficaz” que lo lleve ante la justicia por crímenes considerados de lesa humanidad.